Aumento de IPC en arrendamientos

El Real Decreto Ley 6/2022 de 29 de Marzo, establece que los alquileres de viviendas arrendadas por grandes tenedores (propietarios de más de 10 inmuebles o de inmuebles con una superficie total construida de más de 1.500 mts2), tienen un tope de aumento por aplicación del IPC del 2% (que es lo que establece el índice de Garantía de Competitividad) y, en el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el aumento será el que pacten las partes y, a falta de acuerdo, el tope de aumento será del 2%. Este RDL es de aplicación para los aumentos de renta que deban aplicarse a partir de abril y, temporalmente, hasta el 30 de junio próximo, a expensas, no obstante, de su definitiva validación por el Senado, lo que no es obstáculo para su actual vigencia.

Área de Derecho Civil

La prórroga tácita de los contratos de arrendamientos

El Tribunal Supremo vuelve a fijar doctrina sobre la prórroga por reconducción de los contratos de alquiler en base al art. 1581 del Código Civil.

En reciente Sentencia (28/03/2022) sienta Jurisprudencia en materia de duración de los contratos de arrendamiento prorrogados por tácita reconducción, es decir aquellos que, extinguida ya su duración pactada, se van prorrogando por consentimiento tácito (no expreso) de ambas partes. Y en este sentido el TS distingue entre duración contractual y duración tácitamente prorrogada para sentenciar que, una vez cumplido el periodo contractual, la duración del arrendamiento se limitará al año si el pago de la renta se estableció por periodos anuales, mensual si se pactó por periodos mensuales, y así según sea la modalidad del pago de la renta.

Área de Derecho Civil

Declaración Fiscal de Bitcoins

Habrá que declarar fiscalmente, las denominadas minerías de criptomonedas o el “Staking”, es decir, la delegación de la gestión a un tercero para su validación o inversión.

En lo que respecta a la Declaración de la Renta, los contribuyentes residentes en España que hayan transmitido criptodivisas durante el año 2021 deben tributar por ellas de la misma forma que lo hacen por las acciones o los fondos de inversión. Sobre la cantidad final obtenida por la operación de venta o por la generación de beneficios, se debe declarar en la base imponible del ahorro como ganancia o pérdida patrimonial a un tipo mínimo del 19% y un máximo del 26%.

Se aplicará el mínimo del 19% sobre el primer tramo, que llega hasta los 6.000€; un tipo del 21% sobre el segundo tramo, que se encuentra entre los 6.000 y los 50.000€; otro del 23% para el tramo de 50.000 a 200.000€; y el máximo del 26% para aquellas ganancias patrimoniales que superen los 200.000€.

Área de Derecho Público

Registro de parejas de hecho: Pensión de Viudedad

Cambio de criterio del fijado hasta ahora para concesión de la pensión de viudedad.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en reciente Sentencia, ha sentado Jurisprudencia dictaminando que, en las situaciones de pareja de hecho, únicamente tendrán derecho a pensión de viudedad, aquellos miembros de la misma cuya existencia estuviera inscrita en un Registro público, municipal, autonómico o estatal.

Con esta Sentencia el TS modifica su criterio anterior que reconocía tal derecho con la sola acreditación (notarial o con cualquier otro documento público) del estado de pareja de hecho. Ahora será necesario, además, el Registro.

https://elpais.com/economia/2022-04-25/el-supremo-vuelve-a-exigir-la-inscripcion-de-las-parejas-de-hecho-en-el-registro-para-cobrar-la-pension-de-viudedad.html

Área de Derecho de Familia

Condena a un banco a pagar a un cliente que le robaron por Phishing

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un banco al pago de más de 4.000€ a uno de sus clientes, al cual le sustrajeron dicho importe de su tarjeta de crédito mediante la técnica de engaño del phishing. La Audiencia considera responsable a la entidad bancaria al incumplir los deberes de diligencia de prevención de este tipo de fraude.

El phishing consiste en la suplantación de identidad para engañar a un sujeto, haciendo que comparta sus contraseñas, números de tarjeta de crédito u otra información confidencial, haciéndose pasar por una institución de confianza mediante llamada o correo-e.

Área de Derecho Civil

Aplicación de Complylaw Igualdad en la Administración Pública

Complylaw Igualdad es una herramienta web preparada para redactar de forma sencilla el Plan de Igualidad de cualquier Administración Pública, ya sea a nivel estatal, autonómico o local, y gestionar su implantación y seguimiento a partir de un diagnóstico previo.

Más concretamente, dicho instrumento de gestión selecciona los objetivos y medidas de actuación que a la organización en cuestión le interese incluir en su Plan de Igualdad, permitiendo la creación de objetivos y medidas propias que se ajusten a las necesidades de la misma. Asimismo, realiza un diagnóstico para determinar la situación de la institución e identificar posibles brechas, tiene en consideración la diversidad de empleados públicos y genera, además del referido Plan, informes de Diagnóstico, Objetivos y medidas, Auditoría retributiva e Implantación y seguimiento. Una vez se han efectuado todas estas actuaciones, Complylaw gestiona que dichos objetivos y medidas de actuación sean efectivamente implantadas y ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a documentación complementaria como normativa, formularios u otros contenidos de interés. 

En definitiva, se trata de una forma práctica de incorporar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres trabajadoras en la Administración Pública, aplicándose así las distintas previsiones legales que propugnan un modelo igualitario en nuestra sociedad.

Área de Derecho Administrativo

Adopción de medidas urgentes ante la situación de sequía

El pasado 16 de marzo de 2022 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para el apoyo al sector agrario por causa de la sequía. Su objeto principal es establecer medidas de soporte a quienes sean titulares de las explotaciones agrarias, contribuyendo así a la repercusión de la rentabilidad de dichas explotaciones, que se han visto gravemente afectadas tanto por la situación de sequía como por el incremento de los costes de producción y la situación económica internacional.

Más concretamente, en el referido Real Decreto-ley se prevén cuatro tipos de medidas en distintos ámbitos: medidas laborales y de seguridad social, para la protección de las personas trabajadoras, medidas fiscales, medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones, y medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y en la cuenca del Guadiana.

Entre los distintos ámbitos mencionados, destacan las medidas laborales consistentes en el aplazamiento del ingreso de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta para trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Agrarios y, sobre todo, en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

Por otro lado, destaca la aplicación en el sector agrario de, principalmente, dos medidas fiscales: la reducción en 2021 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas y del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la exención del impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza agrícola, siempre que los titulares de las explotaciones hayan sufrido en el ejercicio inmediato anterior, es decir, el ejercicio de 2021, pérdidas de ingresos de un 20% o 30%, según la zona afectada.

En definitiva, en atención a las circunstancias concurrentes, y teniendo en consideración que a lo largo del 2021 las explotaciones agrarias han tenido que afrontar un incremento de los costes de producción, debido al encarecimiento de precios de materias primas y de la energía, se ha decidido aprobar dicho Real Decreto-ley analizado, siendo el mismo necesario, al contener un conjunto de previsiones y medidas urgentes a adoptar, en aras a que el sector agrario pueda hacer frente a la situación prolongada de sequía.

Área de Derecho Administrativo