Coronavirus y aprobación de cuentas anuales

El próximo día 31 de Marzo de 2020, terminaba, en principio, el plazo para que los Órganos de administración (Consejos o Administradores) de las sociedades de capital, cumplieran con su obligación de formular las cuentas anuales y la propuesta de distribución/aplicación de resultados.

El DL 463/2020 y, posteriormente el RD 8/2020, reguladores del estado de alarma, suspenden estos plazos estableciéndolos de la siguiente manera:

1. Formulación cuentas anuales: tres meses a partir del levantamiento del estado de alarma. Nada dicen los Decretos respecto al hipotético agotamiento del tiempo transcurrido desde el 01/01/2020 al 17/03/2020, fecha de aprobación del último de ellos, por lo que habrá que interpretar que el plazo se reanuda, de nuevo todo entero, a partir del levantamiento del estado de alarma.

2. Aprobación de cuentas y propuesta de aplicación de resultados: seis meses a partir del levantamiento del estado de alarma.

En los últimos días el Colegio de Registradores de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, han emitido un comunicado conjunto del que se desprende que, aquellas sociedades de capital que ya hubieran formulado las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados y que, incluso, ya hubieran convocado la Junta General para su aprobación, podrán reformular la propuesta de aplicación de resultados.

Por último, digamos que, si bien las Juntas pueden convocarse/celebrarse durante el periodo de vigencia del estado de alarma, no es aconsejable hacerlo salvo que la sociedad cuente con los medios de comunicación informáticos, telemáticos, de videoconferencias y de seguridad, en general, que acrediten, al máximo, la preservación y garantías de accionistas y/o socios. Todo ello puede llevar a un sinfín de impugnaciones de los acuerdos sociales, sobre todo en aquellas sociedades en las que reine o pueda reinar un clima de conflictividad entre órganos de administración, accionistas y/o socios, por lo que, salvo casos de mucha urgencia, es aconsejable posponerlo para una vez levantado el estado de alarma.

Departamento Derecho Mercantil

Estado de alarma y Concurso de acreedores

Como es sabido el Real Decreto 8/2020, sobre la implantación del estado de alarma, establece la suspensión de todos los términos y plazos en materia civil, procesal y administrativa, principalmente, salvo en cuestiones de urgencia que ahora no vienen al caso.

Por lo que se refiere a la Ley 22/2003, SOBRE Concurso de acreedores, y por lo que atañe a la presentación judicial voluntaria del concurso, el artículo 43 del citado Decreto Ley 8/2020, exime, temporalmente, del DEBER de presentar concurso de acreedores para aquellas personas, físicas o jurídicas, que hubieran alcanzado la insolvencia como consecuencia de la crisis del coronavirus, y dentro del periodo de tiempo que se inicia con la declaración del estado de alarma; también queda suspendido el plazo para el llamado preconcurso, es decir, la posibilidad legal de alcanzar un acuerdo de pago con los acreedores. Y, asimismo, queda suspendido el plazo para aquellas otras personas (físicas y jurídicas) que ya estuvieran en estado de insolvencia con anterioridad a la declaración del estado de alarma, sin perjuicio todo ello del inicio del plazo del deber de presentarlo, una vez levantado el estado de alarma, con agotamiento, en el segundo supuesto, del tiempo ya transcurrido con anterioridad a dicho estado.

Pero lo que no suspende el Decreto Ley de estado de alarma, es el DERECHO de solicitar la declaración voluntaria de concurso, lo que nos lleva a una cuestión muy interesante cual es la posibilidad de las personas físicas o jurídicas, de acogerse a lo contemplado en el artículo 2.3 de la Ley Concursal, es decir, la solicitud de declaración de concurso por insolvencia inminente, aquella situación que, como consecuencia del hecho extraordinario de la crisis del coronavirus, permita al deudor prever que no podrá cumplir regular o puntualmente sus obligaciones de pago.

Lógicamente esta situación de la llamada solvencia inminente, deberá probarse a través de las correspondientes pruebas contables, mercantiles y fiscales, y de todas aquellas a que hubiere lugar.

Departamento Derecho Mercantil

Reclamaciones al Estado por responsabilidad patrimonial

La responsabilidad en materia de asistencia sanitaria pública es aquella derivada del funcionamiento normal o anormal de la sanidad pública. En el momento en que nos encontramos, sin perjuicio de que es una situación nueva y desconocida, sin precedentes, debemos detenernos a pensar si el Estado ha protegido adecuadamente a sus ciudadanos, y si ha adoptado en tiempo y forma todas las precauciones necesarias para prevenir y dotar de medios a la sanidad pública para paliar el contagio masivo de los ciudadanos.

La responsabilidad civil, administrativa o penal, en cada caso puede y debe valorarse por las acciones u omisiones de la actividad o conductas o por la inactividad causante del resultado daños o cuando existía deber de actuar (omisión), siendo el nexo causal entre el resultado dañoso y la antijuricidad de la conducta.

El Estado Español, en este caso, debe responder frente al daño causado a sus ciudadanos, por omisión, desde que la OMS lanzó el aviso de posible pandemia el 30 de enero de 2020 y que se debían adoptar medidas que no se adoptaron.

POR ELLO ABOCAM ABOGADOS, ESTÁ PREPARANDO UNA DEMANDA COLECTIVA PARA LOS AFECTADOS INTERESADOS EN RECLAMAR POR LOS DAÑOS SUFRIDOS. SI DESEA APUNTARSE A NUESTRO LISTADO DE DAMNIFICADOS, PUEDE REALIZARLO SIN COSTE Y ANALIZAREMOS CADA CASO A LOS EFECTOS DE ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE CADA RECLAMACIÓN. UNA VEZ ANALICEMOS Y VALOREMOS CADA CASO, PREPARAREMOS LOS TRÁMITES DE DEMANDA E INFORMAREMOS DE LOS POSIBLES COSTES DE TRAMITACIÓN.

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Dirección Abocam Abogados. Departamento de Derecho Público

Estado de alarma: ¿debemos cumplir el régimen de visitas de los menores?

Los juzgados de familia de Barcelona han dictado un acuerdo de unificación de criterios durante el estado de alarma por el coronavirus por el que los hijos menores de padres separados deberán quedarse con uno de ellos y no alternar en este periodo.

Los progenitores deberán observar, en todo caso, las normas de la autoridades gubernativas y sanitarias a los efectos de evitar la propagación del coronavirus, procurando un ejercicio responsable de la potestad parental y alcanzando los mayores acuerdos posibles, teniendo siempre presente que nos encontramos ante una situación excepcional y, por el momento, por un espacio de tiempo limitado de 15 días naturales, esto es, hasta el próximo 28 de marzo de 2020.

Si alguno de los progenitores presenta síntomas de contagio o ha resultado positivo en el test del Covid-19, en interés de los hijos menores (art. 9.2 LOPJM) y para evitar su propagación, es preferible que la guarda y custodia la ostente el otro progenitor, a fin de evitar su propagación al menor cuya custodia tiene confiada, debiéndose entenderse que, automáticamente concurre causa de fuerza mayor, que suspende provisionalmente, las medidas acordadas en el proceso en que se acordaron.

Fuera de los casos de síntomas de contagio o resultado positivo en el test del Covid-19, y en aras al más efectivo cumplimiento de los acuerdos de las autoridades sanitarias, que aconsejan reducir al máximo la movilidad de las personas, y salvo supuestos excepcionales justificados documentalmente, el sistema de responsabilidad parental deberá ser ejercido por el progenitor custodio (en supuestos de custodia exclusiva) o por el progenitor que ostenta la guarda en este momento (en supuestos de custodia compartida).

A fin de conseguir el necesario y deseable contacto paterno-filial el progenitor custodio deberá facilitar, particularmente por medios telemáticos (skype, facetime o vídeo llamada de whatsApp) el contacto del/los hijo/os con el progenitor no custodio, siempre y cuando no se perturben las rutinas u horarios de descanso de los menores.

La eficacia de los presentes acuerdos se circunscribe al período temporal comprendido entre el 15 de marzo de 2020 y el 28 de marzo de 2020, salvo que circunstancias sobrevenidas o, en su caso, resoluciones posteriores del Consejo General del Poder Judicial, aconsejen una revisión anterior, y sin perjuicio de su prórroga de mantenerse las actuales circunstancias.

Área de Derecho de Familia

Decreto Estado de Alarma: Resumen novedades más relevantes

ERTE – Se agilizan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que tendrán en todos los casos consideración de fuerza mayor, lo que elimina el periodo de consultas y reduce su tramitación a siete días, en tanto que los trabajadores afectados podrán cobrar automáticamente el paro (prestación por desempleo), independientemente de lo que hayan cotizado, y sin que el periodo consumido se descuente a futuro, lo que se conoce como «contador a cero».

COTIZACIONES – Las empresas no tendrán que pagar la cotización por contingencias comunes que debían mantener los empresarios en caso de suspensión del contrato (empresas con plantilla inferior a 50 empleados) y el resto tendrán que abonar el 25%. El decreto-ley, que publica el BOE este 18 de marzo con una vigencia inicial de un mes, debatió la retroactividad para la nueva regulación de los ERTE y si sus beneficios estarán condicionados al rescate de toda la plantilla una vez que se pase el bache de actividad. Asimismo han dicho que el cambio en torno a los ERTE es lo que movilizará más gasto público, con una previsión de 5.000 millones durante el mes de vigencia de las medidas, que podrían prorrogarse si se extiende el estado de alarma.

CUOTA DE AUTÓNOMOS – Los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, podrán acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuota a la Seguridad Social. (Pendientes de nuevas modificaciones o alteraciones y de cada comunidad autónoma). La prestación se calculará con el 70 % de la base reguladora o con el 70 % de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación y los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

PAGO DE HIPOTECAS CONGELADO – Las familias que se vean más afectadas por la crisis del coronavirus podrán acogerse a una moratoria que les libre de pagar sus hipotecas durante un tiempo, una medida social que se suma a la prórroga de la suspensión de los desahucios hasta 2024 aprobada la semana pasada, para que ninguna persona pierda su vivienda en esta crisis.

LUZ, AGUA Y TELECOMUNICACIONES – Los hogares vulnerables también tendrán garantizados los suministros de energía y de agua, así como los de telecomunicaciones. Entre las medidas más sociales se incluyen 600 millones para la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las autonomías y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

AVALES – En el ámbito de la liquidez, se han aprobado avales adicionales de 2.000 millones para las empresas exportadoras, en tanto que las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas con un régimen específico con ampliación de plazos y compensación de salarios, para evitar la resolución de los contratos y la pérdida de empleos.

REDUCCIÓN DE JORNADA – En lo laboral, se refuerza el derecho del trabajador adaptar o reducir su jornada por necesidades de conciliación derivadas de la crisis sanitaria y se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, para lo que se canalizarán los recursos del programa de digitalización «Acelera pyme» para la consecución de esta medida en las pequeñas y medianas empresas, ha informado el Gobierno.

EMPRESAS – También se ha reformado la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.

«No vamos a dejar a nadie atrás», ha afirmado este martes Sánchez, que ha incidido en que «el Estado va a asumir el choque que significa el frenazo en seco de la economía española», enviando a los mercados un mensaje contundente, porque no se va a permitir que «problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia».

Coronavirus y fuerza mayor

No pueden caber muchas dudas acerca de que la crisis provocada por el coronavirus, es una situación que, jurídicamente hablando, constituye un caso de fuerza mayor, es decir una situación de emergencia provocada por un suceso extraordinario no previsible que encaja dentro de los supuestos contemplados en el artículo 1.105 del Código Civil.

A partir de ahí, entendemos que cualquier persona física o jurídica (sociedad, asociación, entidad, etc.) que hubiera contratado un servicio el cual comporte un riesgo serio de contagio (el ejemplo más evidente sería un viaje), estaría legitimada para su cancelación con devolución de las cantidades previamente desembolsadas. Se recomienda cursar la reclamación con antelación y hacerlo de manera clara y detallada, expresando, evidentemente, la causa de la misma.

Debe tenerse en cuenta que este supuesto es válido tanto para quien ha de recibir el servicio como para quien debe prestarlo; en este sentido es posible que las Cías. de seguros puedan adoptar posturas de no asunción/cobertura del riesgo ya que, en base precisamente a la norma legal antedicha (y por así recogerse en la práctica totalidad de las pólizas), es muy probable que rechacen la cobertura de indemnizaciones por daños/riesgos como consecuencia de sucesos de fuerza mayor.

Habrá que analizar en cada caso la situación para evaluar las posibilidades de reclamación.

Área de Derecho Civil

Sentencia del TJUE sobre el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado Sentencia sobre la posibilidad de entender como abusivas las cláusulas que, en las escrituras de préstamos hipotecarios, regulan el denominado IRPH, que no es otra cosa que un índice para regular el interés variable de las hipotecas.

El Tribunal Europeo no las declara, inicialmente, abusivas. Se limita a poner en manos de los jueces españoles el examen, caso por caso, de las reclamaciones que al respecto se les plantee, para determinar en cada caso concreto, si en el establecimiento de tal cláusula en la escritura de constitución de la hipoteca, existió la transparencia e información suficiente para que el ciudadano/consumidor, tuviera conocimiento de la obligación que realmente estaba asumiendo al suscribir la escritura. Es decir que, en cada caso, el Juez deberá examinar y valorar lo siguiente:

1. Si el cliente fue informado de la disposición legal reguladora del método de cálculo del interés variable de la hipoteca que figure en la escritura.

2. Si la entidad financiera informó o no al cliente sobre la evolución del IRPH desde la firma de la escritura y en el trascurso de la amortización del préstamo.

El TJUE entiende que, si se dan estos requisitos de información, la cláusula no podrá considerarse abusiva. Pero si el Juez llega a la conclusión de que no hubo tal información, ésta no fue suficiente para que la cláusula fuera comprensible, deberá declarar la nulidad de la cláusula. Cuestión distinta será qué interés se deberá aplicar en sustitución del declarado nulo: ¿ninguno?; ¿el que se estableció en el año 2013 relativo también al IRPH? La seguridad de las respuestas a tales preguntas, habrá que posponerla a la vista de las sentencias que puedan ir dictándose sobre el tema.

Área de Derecho Procesal Civil