Anulación archivo de las actuaciones

Abocam Abogados ha obtenido Auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona por el que se anulan dos resoluciones que acordaron el archivo de unas actuaciones iniciadas a través de una denuncia que presentamos por la posible comisión de un delito de estafa, suplantación de la identidad y falsedad documental.

Después de obtener ambas resoluciones del Juzgado de Instrucción nº 19 de Barcelona, interpusimos Recurso de Apelación, ya que en ambos casos el Juzgado tan sólo puso de manifiesto que los hechos denunciados no constituyen infracción penal alguna, sin entrar en el fondo del asunto para motivar la decisión de archivo, mientras existen pruebas que acreditan de forma fehaciente la comisión de los delitos mencionados.

La Audiencia ha establecido que con las resoluciones de primera instancia se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución española, y que, por ende, se ha causado indefensión a nuestra representada.

Por ello, la Audiencia ha acordado la nulidad de las resoluciones y retrotraer el procedimiento hasta el momento inmediatamente anterior a las mismas, con tal de que se dicte otra resolución en primera instancia de forma motivada y conforme a Derecho.

Área de Derecho Penal

Confirmación sentencia abuso sexual

Abocam Abogados ha obtenido sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 05.07.2018, que confirma la sentencia recaída en primera instancia, de fecha 08.05.2018, la cual condena al acusado como autor responsable de un delito de abusos sexuales a la pena de 1 año de prisión, con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, así como al pago de las costas procesales y a satisfacer una indemnización a nuestra clienta por los daños morales sufridos en la cantidad de 6.000€.

La representación del acusado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia interesando que se practicaran las pruebas no admitidas en la misma ya que, a su parecer, el hecho de no haber practicado las referidas pruebas se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

En concreto, el recurso venía a decir que no hay credibilidad subjetiva en la declaración de la víctima porque concurre un fin espurio en la consecución de una indemnización por daño moral. Además, se alegó que no hay verosimilitud en el relato ofrecido por la denunciante, porque no existen datos de corroboración periférica y no se ha dado persistencia en la incriminación, ya que aparecen contradicciones en las declaraciones vertidas.

Concretamente, la defensa propuso la práctica en segunda instancia de unas pruebas que suponían una intromisión en aspectos que afectan a la privacidad de la denunciante. Tal y como ya se determinó en primera instancia, la Audiencia Provincial ha confirmado que la defensa no justificó la necesidad de indagar en la salud mental de nuestra clienta para valorar los hechos y, por ende, no procedía la admisión de dicha prueba.

Así pues, la Audiencia Provincial debía valorar la suficiencia de la declaración de la denunciante y víctima como prueba de cargo o incriminatoria.

En relación al ánimo espurio de la víctima, consistente en obtener una indemnización por daño moral, la Audiencia argumenta que no puede acogerse dicha pretensión, porque supondría que para ser creíble cualquier víctima debería renunciar a ser reparada o resarcida. Por otro lado, sobre las supuestas contradicciones de la víctima, se establece que las mismas no tienen relevancia a la hora de valorar la verosimilitud de su declaración.

En referencia a la falta de credibilidad subjetiva, en la sentencia se dictamina que efectivamente concurren elementos probatorios que corroboran de forma objetiva la versión de la víctima, al contrario de lo que considera la parte contraria. En concreto, juntamente con la declaración de la víctima, se valoraron las declaraciones de varios testigos, los cuales percibieron directamente la reacción y el estado de la misma con posterioridad a la comisión de los hechos, así como también la declaración de la psicóloga que la trata.

El cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales para dar veracidad a la prueba de cargo, consistente en la declaración de la víctima, destruye la presunción de inocencia del acusado, hecho que permite confirmar la falta de fundamento del recurso de apelación.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación del acusado por entender suficientemente probados los hechos denunciados, fallando pues, otra vez, a favor de nuestra clienta, y confirmando la resolución recaída en primera instancia.

Área de Derecho Penal

Plusvalía Municipal

Creemos que ante la desinformación o falta de criterios jurídicos claros referentes a un tema que preocupa mucho a los Clientes, como es el pago de un impuesto que se ha incrementado considerablemente en el tiempo, y que en la actualidad, debe ser tenido en cuenta en toda transmisión, se ha producido un hecho relevante en forma de sentencia que aclara, al menos, a priori, la posibilidad real de recurrir las liquidaciones de plusvalía en transmisiones de inmuebles cuando no exista incremento de valor.

En este sentido, nuestro despacho profesional ya ha procedido a recurrir liquidaciones de sus Clientes, con éxito, por lo que recomendamos un estudio previo de cada liquidación para poder determinar la viabilidad de las reclamaciones.

La importancia de esta sentencia es la ya reconocida posibilidad del ciudadano de poder alegar la inexistencia de causa legal para imponerle un impuesto cuyo hecho imponible es la existencia de incremento de valor del terreno, es decir, que hubiera plusvalía real y efectiva obtenida de la transmisión del inmueble, desde cualquier principio probatorio (por ejemplo escrituras, contratos, testigos, documentos, etc., ART. 105 y SS de la LGT) que acrediten que el terreno en cuestión NO HA AUMENTADO DE VALOR.

Debido a que la norma no permite poder demostrar la falta de capacidad económica, “Se decreta la nulidad del art. 110.4 del TRLH porque no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene”.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107,1 y 107,2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLHL) resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

“En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE“.

Área de Derecho Público

Ley Anti Ocupas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la LEC en relación a la ocupación ilegal de viviendas, ha arbitrado un cauce más ágil para la recuperación de la posesión de viviendas que han sido ocupadas ilegalmente, es decir, articula una recuperación inmediata de la posesión cuando se trate de una vivienda y el propietario o quien se haya visto perturbado en su legítima posesión sea una persona física o entidad que disponga de ella sin fines lucrativos.

Con la reforma de la Ley, se modifica el juicio verbal posesorio previsto en el artículo 250.1.4º LEC articulando un procedimiento específico destinado a recuperar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente (ocupación ni consentida ni tolerada) y restituirla a su legítimo poseedor, pero con un ámbito de aplicación limitado:

-PARTE LEGITIMADA: Personas físicas propietarias o poseedoras legítimamente, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y entidades públicas propietarias o poseedoras de vivienda social.

-PARTES NO LEGITIMADAS: Personas jurídicas a no ser que su título sea ausente de lucro.

-Se excluyen los locales-oficinas.

-No será necesario conocer la identidad de los ocupantes.

-Se puede solicitar con la demanda la entrega inmediata de la posesión. En 5 días los ocupantes deberán aportar el título de posesión y si no lo hacen el juez debe ordenar la entrega inmediata de la vivienda.

-Si el ocupante/s no contestan a la demanda o si contestan y no aportan un título posesorio, la sentencia dictada permitirá la ejecución inmediata sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días.

Área de Derecho Procesal

La Audiencia Provincial de Barcelona decreta el derecho del padre a ejecutar la sentencia

Ante los reiterados incumplimientos de la madre del menor, en relación a la Sentencia que fijaba el régimen de visitas y comunicación de la relación paterno-filial, se presentó demanda de ejecución solicitando, entre otras, la petición de que la madre cumpliera en los debidos términos con el régimen de visitas establecido en Sentencia, así como el permitir una correcta comunicación telefónica del menor con su padre.

Sorprendentemente, el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Barcelona, no admitió a trámite la demanda presentada. Dicha resolución carecía de toda motivación, y Abocam interpuso Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual ha resuelto que de no admitir a trámite la demanda de ejecución, se infringiría el derecho FUNDAMENTAL a la tutela judicial efectiva del padre, siendo perfectamente susceptible de ejecución la Sentencia que fija las medidas de comunicación y estancia del hijo con sus progenitores.

Área de Derecho de Familia

Traslado de domicilio social de una sociedad extranjera

El traslado internacional de domicilio social se regula en España como una operación de modificación estructural desde el año 2009.

La vigente LME (Directiva 2017/1132 de 14 de junio de 2017, regula tanto el traslado de domicilio de sociedades mercantiles españolas al extranjero como el traslado del domicilio de sociedades constituidas conforme a la Ley de otros estados a territorio español.

El art. 94 de la referida Ley establece los requisitos legales de entrada de sociedades extranjeras en España, dependiendo si proceden de la UE o no:

1. No afectará a la personalidad jurídica de la sociedad, aunque deberá adaptarse a la Ley Española o a los convenios internacionales aplicables.

2. Si la sociedad no pertenece a la UE, deberán justificar su patrimonio neto para acreditar que cubre el mínimo del capital social.

3. El traslado se ampara en el derecho o libertad de establecimiento.

4. Se debe diferenciar el denominado domicilio social y el real, debiéndose cumplir con los preceptos legales.

5. Se debe cumplir con la legislación de ambos países.

6. El Registrador deberá comprobar esto último solicitando la documentación legal necesaria.

7. Deberá acordarse notarialmente el traslado de sede conforme a su ley aplicable con certificación literal de los datos del registro del país de origen, traducido y legalizado, que sea inscribible y depositarse simultáneamente el depósito de cuentas del ultimo ejercicio cerrado.

8. Si la sociedad no fuera de la UE, se exigirá un informe de experto independiente que justifique que su patrimonio neto cubre la cifra del capital social.

Área de Derecho Mercantil