Adopción de medidas urgentes ante la situación de sequía

El pasado 16 de marzo de 2022 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para el apoyo al sector agrario por causa de la sequía. Su objeto principal es establecer medidas de soporte a quienes sean titulares de las explotaciones agrarias, contribuyendo así a la repercusión de la rentabilidad de dichas explotaciones, que se han visto gravemente afectadas tanto por la situación de sequía como por el incremento de los costes de producción y la situación económica internacional.

Más concretamente, en el referido Real Decreto-ley se prevén cuatro tipos de medidas en distintos ámbitos: medidas laborales y de seguridad social, para la protección de las personas trabajadoras, medidas fiscales, medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones, y medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y en la cuenca del Guadiana.

Entre los distintos ámbitos mencionados, destacan las medidas laborales consistentes en el aplazamiento del ingreso de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta para trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Agrarios y, sobre todo, en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

Por otro lado, destaca la aplicación en el sector agrario de, principalmente, dos medidas fiscales: la reducción en 2021 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas y del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la exención del impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza agrícola, siempre que los titulares de las explotaciones hayan sufrido en el ejercicio inmediato anterior, es decir, el ejercicio de 2021, pérdidas de ingresos de un 20% o 30%, según la zona afectada.

En definitiva, en atención a las circunstancias concurrentes, y teniendo en consideración que a lo largo del 2021 las explotaciones agrarias han tenido que afrontar un incremento de los costes de producción, debido al encarecimiento de precios de materias primas y de la energía, se ha decidido aprobar dicho Real Decreto-ley analizado, siendo el mismo necesario, al contener un conjunto de previsiones y medidas urgentes a adoptar, en aras a que el sector agrario pueda hacer frente a la situación prolongada de sequía.

Área de Derecho Administrativo

 

El TSJC anula la zona de bajas emisiones de Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido anular la ordenanza de la zona de bajas emisiones de Barcelona (ZBE) del Ayuntamiento. La sala contenciosa echa atrás la norma por «falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y excesiva restricción del tipo de vehículos afectados», entre otros motivos.

El TSJC ha dejado claro que no puede condicionarse la movilidad de las personas a la capacidad económica para adquirir un vehículo nuevo, lo que es mucho más costoso para las familias con más niños.

La sala considera que la información que permitió elaborar la ordenanza relativa a las restricciones de circulación no estaba actualizada y era incompleta, y dice que existían «vicios sustanciales en la elaboración de la norma». Por estos motivos, los magistrados dicen que los encargados de realizar el proyecto y aprobarlo no tenían herramientas suficientes para analizar el impacto de la medida en los ciudadanos ni escoger qué medios para conseguir los objetivos de reducir los niveles de contaminación serían los más adecuados. También destacan la carencia de alternativas menos restrictivas.

Sobre los efectos de la sentencia es importante saber que:

Una vez la sentencia sea firme, y la ordenanza que regula la ZBE sea anulada totalmente, si así puede desprenderse de la sentencia se podrá pedir la devolución de todas las sanciones puestas. Pero como la sentencia no es todavía firme, el Ayuntamiento tiene 30 días para recurrirla y el Tribunal confirmarla o no.

Mientras, la ZBE siga vigente, se pueden seguir poniendo sanciones. Y las multas se deben seguir pagando.

Área de Derecho Administrativo

Invalidez Permanente Absoluta

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dictado sentencia de fecha 25.02.22 que, estimando el recurso de suplicación interpuesto por nuestro despacho, revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 2 de Lleida en fecha 30.04.21 y reconoce el derecho de nuestro Cliente a percibir la prestación de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA. El procedimiento instado por Abocam estaba encaminado a que se reconociera que las dolencias que padecía el Cliente, y que le llevaron a percibir una prestación de INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA SU PROFESION HABITUAL, se habían agravado y eran tributarias de que le fuera reconocida la INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA.

El Tribunal ha analizado detenidamente los informes médicos de la Sanidad Pública que en su día fueron obviados por el Juzgado, que objetivan las dolencias de nuestro Cliente. De esta manera, nuestro representado cobrará el 100% de su base reguladora en lugar del 55% que venía percibiendo y, además, percibirá en un único pago las diferencias que tenía que haber cobrado desde la fecha de efectos, 03.01.2019.

Departamento Derecho Laboral y Seguridad Social

Mi expareja ha cambiado a los hijos de domicilio, ¿Qué puedo hacer?

Es habitual que tras la ruptura, la patria potestad de los hijos comunes se ejerza de forma compartida, por lo que las cuestiones de educación, salud y domicilio, deben decidirse conjuntamente por ambos progenitores.

Sin embargo, sigue siendo habitual que uno de ellos, decida por cuestiones ajenas a la familia, un cambio en su vida, que implique también un cambio en la organización familiar. Si esto ocurre, lo recomendado es consensuar con el otro progenitor la nueva situación para que no tengan que acudir al Juzgado a resolver estos conflictos.

No obstante, hay quien erróneamente cree que ostentar la custodia exclusiva concede un poder supremo sobre la vida de los menores, invadiendo así los derechos del otro progenitor y conculcando los de los hijos.  Interponer un proceso judicial no siempre es rápido, y a veces el final del mismo se ve poco certero, pero nada mas lejos de la realidad, acudir al Juzgado ante situaciones de “abuso” por parte del otro progenitor es una vía de solucionar el conflicto que se acerca, y que puede condicionar enormemente las relaciones con los menores. En ese sentido la APBcn sec 12 el 2.02.2021 (Rec 53/2021) resolvió que el empadronamiento de los hijos sería una cuestión a decidir por el padre únicamente, dado que la madre había empadronado sin el consentimiento de éste a los hijos en otra población donde no había vinculo escolar ni sanitario, concluyendo: “la recurrente ha hecho un inadecuado uso de la potestad parental al no consensuar el cambio de empadronamiento de los hijos con el otro progenitor.”

Área de Derecho de Familia

Novedades legales a resaltar

1. El Constitucional ha anulado los preceptos de la ley catalana de vivienda que permitían la fijación de límites al precio de los alquileres por considerar que la norma catalana invade las competencias del Estado en materia civil para regular las bases contractuales. El artículo 149 de la Constitución reserva al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales, le atribuye la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia.

La sentencia no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas, según especifica la nota del Tribunal Constitucional. Los contratos vigentes firmados con la ley ahora parcialmente anulada seguirán vigentes en los mismos términos y “los efectos serán pro futuro”. “Los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al momento de la presente resolución se mantienen en sus términos”, detalla.

2. El Tribunal Supremo avala el uso de criterios de adjudicación basados en el principio de proximidad para contratos de gestión de residuos (STS 1447/2021 de 23 de noviembre).

3. Doctrina Saquetti: Sentencia del TEDH de 30 de junio de 2020 nº 50.514/13, por la cual, se prevé el derecho a una doble segunda instancia de toda persona declarada culpable de una infracción penal, doctrina ratificada por el TS, posibilitando la revisión de sentencia confirmatoria de una sanción de naturaleza penal mediante el recurso de casación, por interés casacional, pudiendo de esa manera, salvar la única instancia acordada por el legislador.

4. Capital Riesgo: Real Decreto Ley 24/2021, de 3 de noviembre de transposición de la Directiva (UE) 2019/2162 relativa a la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva. Esta normativa modifica le legislación reguladora de las instituciones de inversión colectiva (ECR), introduciendo el concepto de la precomercialización referido a determinados vehículos de inversión (suministro de información o la comunicación directa o indirecta sobre estrategias de inversión o ideas de inversión por parte de sociedades gestoras a fin de comprobar el interés por una ECR, EICC o compartimento, pudiéndose delegar actividades de comercialización en terceros regulados sin necesidad de inscripción CNMV.

Área de Derecho Administrativo

Intervención de la Corte Penal Internacional por la situación en Ucrania

El pasado 27 de febrero de 2022 uno de los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó un comunicado informando de su intención de iniciar la apertura de una investigación sobre lo ocurrido en Ucrania desde el inicio de la guerra. Debe tenerse en consideración que Rusia y Ucrania no son estados parte de la CPI ni firmantes del Estatuto de Roma de 1998. No obstante, la CPI cuenta con competencias para acusar y juzgar a las partes implicadas en el conflicto debido a dos declaraciones oficiales emitidas por Kiev a la CPI en fecha 9 de abril de 2014 y 8 de septiembre de 2015, respectivamente.

El referido fiscal de la CPI considera razonable iniciar investigaciones por estar cometiéndose en Ucrania presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En este sentido, el Estatuto de Roma enumera los crímenes en los que la CPI es competente para investigar y juzgar, entre los que se encuentran el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Además, el Estatuto entiende por “ataque contra una población civil” la conducta consistente en la comisión de múltiples crímenes de los mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.

En base a lo expuesto, el fiscal ha anunciado que procederá a solicitar y obtener la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI para abrir una investigación sobre la situación actual en Ucrania, en base a distintas disposiciones del Estatuto de Roma que avalan y justifican esta solicitud.

Área de Derecho Internacional

Nueva regulación sobre monedas virtuales y criptoactivos

El pasado 31 de enero se publicó la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022. En el mismo se hace expresa mención a las monedas virtuales y criptoactivos debido al incremento exponencial de la inversión en este tipo de activos.

Entre las actuaciones anunciadas en la Resolución destaca que, durante el año 2022, se producirá un desarrollo normativo y se elaborarán modelos de declaración para dar cumplimiento a las obligaciones de información que la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, establece para los titulares de monedas virtuales situadas en el extranjero y para proveedores de servicios. Asimismo, se establece que la primera obligación de información sobre estos activos virtuales estará disponible en 2023 respecto del ejercicio 2022.

Por otro lado, se potenciarán las herramientas informáticas necesarias para facilitar las actuaciones de control de las transacciones con monedas virtuales y se fortalecerá la cooperación internacional mediante la participación en foros internacionales con el objeto de obtener información sobre operaciones realizadas con estos activos y formando parte activa en los grupos de trabajo ya existentes en cuanto a la regulación de futuros intercambios de información en esta materia.

En definitiva, con esta Resolución queda patente la decisión del Gobierno de anticiparse a cualquier tipo de normativa similar a nivel europeo, asumiendo de este modo el riesgo de regular obligaciones de información de unos activos sobre los que no existe, actualmente, una regulación o definición jurídica en nuestra normativa interna.

Área de Derecho Administrativo