Cambios y más protección para los consumidores

El RD Ley Omnibus, aprobado por el Consejo de Ministros el martes 27.04, mejora la protección de los consumidores. Con esta reforma, se amplia en un año más la garantía de los bienes de consumo (de 2 a 3 años), se multiplica por dos el tiempo que las empresas están obligadas a disponer de piezas de recambio, (pasando de 5 a 10 años) y se incorpora la durabilidad del producto como un criterio para decidir si prefiere repararlo o sustituirlo cuando dicho producto no tenga la durabilidad prevista.

Con ello se promueve un consumo sostenible, se reduce la obsolescencia programada en consonancia con el respeto por el medio ambiente que toda industria debe vigilar.

Área de Derecho Civil

Contratación Doméstica o In House

En la cuestión restrictiva de la contratación Pública, el encargo a medios propios (In House Providing) es una figura excepcional, regulada de forma relativamente reciente, de manera que los modos utilizados hasta ese momento para no acudir al mercado eran principalmente las encomiendas y los convenios.

La Ley de Contratos del Sector Público de 2007 introducía el término “medio propio” o “servicio técnico” de la Administración, momento a partir del cual coexisten dos conceptos de encomienda de gestión:

a. -El previsto en la Ley 30/1992 que contempla la encomienda como un instrumento de cooperación administrativa, el cual se mantiene en términos análogos en el vigente art. 11 de la Ley 40/2015 de 1.10.2015 (LRJSP).

b. -El previsto en el artículo 24.6 del TRLCSP de 2011, como un supuesto de exención de aplicación de normativa de contratos, que se configura como instrumento de gestión de la Administración para la realización de obras y la prestación de servicios y suministros.

En el primer supuesto, la encomienda se realiza a otros órganos o entidades de Derecho Público de la misma o distinta Administración.

En el segundo supuesto, la legislación de contratos públicos regula otra figura de encomienda que es el encargo a medios propios en el ámbito contractual, para la realización de prestaciones correspondientes a los contratos públicos, que es lo que excluye el negocio del ámbito de aplicación de la normativa de contratos (art- 4.1 n) TRLCSP 2011). (Control análogo a sus propios servicios/La total de capital en sociedades ha de ser público/La condición de medio propio y servicio propio ha de estar reconocido por la norma o estatutos de su creación).

La vigente LCSP de 2017, en sus arts. 30-33 regula con mayor detalle las condiciones y requisitos para la ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados, los sistemas de cooperación pública vertical y horizontal y los llamados “medios propios” de la Administración, distinguiéndose entre el encargo hecho por un poder adjudicador, de aquel que se hubiera realizado por otra entidad que no tenga la consideración de poder adjudicador.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 32 y disposición adicional vigésimo cuarta de la LCSP de 2017, los medios propios son la fórmula a través de la cual los poderes adjudicadores podrán encargar la ejecución de las prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios a otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de Derecho Público o de Derecho Privado, siempre y cuando ésta tenga la calificación jurídica de medio propio personalizado respecto de ellos.

Toda esta regulación parte de la doctrina desarrollada por el TJUE sobre la contratación “doméstica” o “in house providing” que se configura como una excepción a la aplicación normativa de contratación Pública.

La reciente Sentencia del STJUE de 18.6.2020 (Porin Kaupunki, c-328/19) clarifica la definición de la adjudicación in house, admitiendo expresamente que la misma se produzca en el marco de un convenio de colaboración o cooperación horizontal. Así, establece que la transferencia de competencias entre autoridades públicas está excluida de la Directiva de Contratos, siempre y cuando esa transferencia voluntaria de competencias tenga su origen en la Ley. Admitida la fórmula de cooperación horizontal, el TJUE analiza la posibilidad de que la entidad responsable de la organización del servicio pueda confiar la prestación del mismo a una entidad vinculada sin licitación previa (Adjudicación in House).

Área de Derecho Público

Deudas del matrimonio en régimen de separación de bienes

En la responsabilidad subsidiaria por deudas contraídas por el otro cónyuge en el régimen de separación de bienes, es preciso al menos, una apariencia razonable del destino familiar y doméstico de lo gastado.

El TS determina como regla general en el régimen de separación de bienes, tal y como establece el art. 1440 Cc, que son de exclusiva responsabilidad de cada cónyuge. Sin embargo, de manera excepcional, cuando uno de los cónyuges actúe en el ejercicio de la potestad doméstica y contraiga obligaciones para atender las necesidades ordinarias de la familia, el otro responderá de manera subsidiaria de su cumplimiento en virtud de la remisión del art. 1440 Cc al art. 1319 Cc. Esta regla permite que, a pesar de la separación patrimonial, el tercero pueda exigir responsabilidad al cónyuge que no contrató ni generó la deuda contraída para satisfacer las necesidades ordinarias de la familia.

Para que el acreedor pueda exigir responsabilidad al cónyuge con el que no contrató, debe existir una apariencia razonable de su destino familiar y doméstico.

Área de Derecho de Familia

Conflicto entre progenitores. Proceso de cambio de custodia

El Departamento de Familia ha conseguido una resolución que considera especial, no sólo por que beneficia a los intereses de nuestra Clienta y de sus hijas, que también, sino porque la Audiencia Provincial ante una situación de conflicto cronificado entre las partes, con constantes procesos judiciales cruzados, y con unas preadolescentes en común, decide remitirlos a un COORDINADOR DE PARENTALIDAD para la elaboración del Plan de Parentalidad que regirá en la familia.

Con ello se permite a la familia, altamente conflictiva, poder reunirse en un entorno más adecuado, con mucho más tiempo para su expediente y con mejores herramientas para gestionar ese conflicto, que en cualquier Juzgado, y así, poder elaborar un Plan a su medida mucho más específico que cualquier resolución.

La resolución de la Audiencia fija además un régimen de mínimos para que mientras tanto las menores tengan relación con el otro progenitor. Y fija incluso la forma de contribuir al pago del coordinador dejando cerrado cualquier posible “fleco” que pudiera dar origen a un nuevo conflicto.

Área de Derecho de Familia

Condena al Sareb por nulidad de aval

Abocam Abogados ha obtenido una sentencia favorable a los intereses de sus Clientes, un matrimonio jubilado que fue demandado por SAREB SA, reclamando la ejecución de un aval otorgado sobre un préstamo a promotor, que por la crisis económica no pudo devolver. Dicha entidad, optó, en lugar de ejecutar la hipoteca, por reclamar directamente contra los avalistas, dos personas ajenas al negocio inmobiliario, que simplemente quisieron ayudar, por indicaciones de la entidad bancaria inicial, a un familiar a que le otorgaran un crédito, sin que supieran realmente lo que firmaban, y que finalmente han visto reconocido su derecho a no perder su patrimonio, dado que la demanda, por cuantía, ascendía a más de un millón de euros.

La sentencia declara nula por abusiva la cláusula de renuncia a los beneficios de división, excusión y orden:

“En definitiva utilizando cada uno de los parámetros que exige la jurisprudencia del TJUE para ponderar la existencia de abusividad, y por todas la razones expuestas, se concluye que la cláusula de autos es abusiva, pues supuso una renuncia injustificada de los derechos del consumidor, la cual fue impuesta por la entidad prestamista, sin que haya habido una negociación individual que la justifique”.

El pacto de fianza se concierta entre la actora y la prestamista que es quien se ve beneficiado por el incremento de garantías por lo que tenía la obligación de informar a la demandante del alcance del compromiso asumido”.

La sentencia es firme e incluye la condena en costas para la entidad demandada.

Con la mencionada sentencia, nuestros Clientes han visto como han podido salvaguardar su patrimonio y se ha establecido el ejercicio abusivo del contrato de préstamos por la entidad condenada.

Área de Derecho Civil

¿Un comunero puede ejercitar la acción de desahucio por precario contra otro comunero que usa exclusivamente el bien común?

Según sentencia de 21.12.2020, el precario se define como una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión ya porque no se haya tenido nunca ya porque habiéndola tenido se pierda o también nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho. Por tanto, el comunero que usa exclusivamente un bien común se encuentra en una situación de precario, ya bien sea comunidad de bienes propiamente dicha o comunidad post ganancial o comunidad hereditaria.

El uso exclusivo y abusivo de un comunero otorga acción a la comunidad de bienes, bastando que el comunero que reclame lo haga en beneficio de la comunidad, aunque no la represente.

Esta sentencia, aclara bastante la acción judicial a entablar por el resto de propietarios que no disfrutan del uso de la cosa común, debiéndose por tanto acreditar que el uso es inconsentido y en perjuicio del resto de comuneros.

Área de Derecho Civil