Demolición edificio en L’Escala

Después de 15 años de litigios contra el Ayuntamiento de L´Escala, en el día de hoy se está procediendo a dar cumplimiento a las numerosas sentencias judiciales que obligaban al Ayuntamiento a demoler el edificio situado en la calle del Molí 2B de L´Escala.

Todas y cada una de las mas de 10 sentencias estimatorias de las pretensiones de los vecinos, hoy recobran sentido, al llegar al final de este largo periplo, con la satisfacción del deber cumplido y el restablecimiento de la legalidad vigente, la contienda legal ha sido dura y larga pero ha merecido la pena el resultado final.

Las licencias fueron concedidas incumpliendo la legalidad vigente y por tanto la construcción era ilegal. Abocam se congratula de haber tenido fe en el sistema judicial y las estrategias procesales seguidas, y agradece a los vecinos la confianza depositada en nuestro despacho.

Área de Derecho Público

Coronavirus y levantamiento parcial de medidas

Ha entrado en vigor el llamado “Plan de Transición hasta una nueva normalidad”, desarrollado en diversas Ordenes Ministeriales de las que vamos a tratar de resumir las relativas al desplazamiento de personas, la realización de obras, apertura de establecimientos, y hostelería.

A. Desplazamientos de personas (Orden Ministerio de Transportes nº 384/20, de 3 de Mayo)

Obligatorio uso de mascarillas para los usuarios del bus, ferrocarril y transporte aéreo y marítimo.

1. Transporte terrestre privado: en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, solo se permiten dos personas por fila de asientos y respetando distancias recomendables entre 1,5/2 metros.

2. Transporte terrestre público: en vehículos de hasta 9 plazas, sin incluir conductor, dos personas por fila y respeto distancias.

3. Vehículos de una sola fila de asientos: máximo dos personas y con máxima distancia posible entre ambas.

En todos los casos, la ocupación máxima en transporte público, regular y discrecional, así como en el transporte privado, será del 50% del máximo establecido para situaciones de normalidad circulatoria. En el bus, la butaca posterior al conductor siempre deberá estar vacía; y los viajeros de pie no podrán superar el número de dos por m2 de la superficie del vehículo y ello, entendemos, siempre que no se supere la ocupación general establecida.

B. Obras (Orden del Ministerio de Sanidad nº 385/20 de 3 de Mayo)

Esta Orden permite la intervención y realización de obras que no precisen de la interferencia con personas ajenas a la misma o no relacionadas con la misma. Permite, también, la intervención en locales, viviendas y zonas del edificio no habitadas o sin acceso de residentes durante la obra y siempre que se cumpla con las disposiciones dictadas por las autoridades, frente al COVID-19.

C. Establecimientos y locales minoristas (Orden del Ministerio de Sanidad nº 388/20 de 3 de Mayo). Válido, también para servicios de carácter profesional

1.- Cita previa. 2.- Separación física de dos metros entre personas o instalación de mamparas o mostradores. 3.- No atención simultánea de dos clientes. 4.- Uso de mascarillas y aseguramiento de equipos de protección adecuados. 5.- Uso de geles hidroalcohólicos. 6.- Higienización prendas probadas y no adquiridas. 7.- Limpieza y desinfección mínima dos veces al día y obligatoriamente al final de la jornada de actividad. 8.- No utilización del sistema de marcaje horario por huella digital. 9.- No existencia de productos a prueba. 10.- Una sola persona en probador y posterior desinfección del mismo. 11.- Horario de atención preferente para personas mayores de 65 años, coincidente con la franja horaria de salidas permitidas para este colectivo. 12.- Desplazamiento exclusivo a establecimientos ubicados en la misma localidad, salvo inexistencia en ella, del servicio o producto interesado. 13.- No reincorporación del personal aislado o en cuarentena por COVID-19.

D.- Hostelería y Restauración (Orden del Ministerio de Sanidad nº 388/20 de 3 de Mayo)

Básicamente las mismas medidas de higiene y protección relacionadas en el apartado C anterior y, además:

1.- Permisividad de entregas a domicilio y de recogida en el propio establecimiento, todo ello previo pedido vía telefónica o telemática; y ajustándose al horario que, obligatoriamente, debe fijar el establecimiento.

2.- Espacio habilitado y debidamente señalizado, para la recogida de pedidos.

3.- Dispensador de gel alcohólico homologado, a la entrada del establecimiento; y a la salida, papelera con bolsa de basura y tapa de accionamiento no manual.

4.- No atención simultánea a dos clientes, lo que obliga al acceso individual.

5.- Señalización (cartelería y suelo) que evite el no respeto distancia de seguridad, para los locales que permitan atender a más de una persona.

Tiempo de permanencia en el local, estrictamente necesario.

Área Derecho Civil

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19: DERECHO DE FAMILIA, ¿EN QUE ME AFECTA?

El Gobierno ha publicado en el BOE un nuevo RD que pretende dar solución a los más de 40 días de pausa judicial en la que nos hemos visto inmersos, y para ello ha decretado las siguientes medidas que son del interés de todos, pero en concreto en cuanto a los procedimientos de familia se resumen en:

• Será hábil del 11 al 31 de Agosto de 2020.

• Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

• Se crea un procedimiento especial sumario (con plazos más cortos a los legalmente previstos hoy) para reclamar:

Restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido y, en su caso, custodia compartida vigente, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno y las demás autoridades sanitarias con el objeto de evitar la propagación del COVID-19.

– La revisión de las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuando la revisión tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas de cónyuges y progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

– Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos, cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

Área Derecho de Familia

Coronavirus y testamento

La pandemia del COVID-19 nos está mostrando la realidad de la muerte como una cercanía mucho más real de lo que, hasta ahora, la rutina diaria de nuestras vidas nos podía hacer imaginar.

Por ello cabe plantearse la necesidad de revisar si tenemos bien dispuestas nuestras ultimas voluntades, y si no es así o si ni siquiera las tenemos dispuestas, es un buen momento para planteárselo y hacerlo. Es pues oportuno recordar las formas en que puede otorgarse un testamento, sobre todo en momentos, como éste de pandemia, cuyas circunstancias pueden dificultar el otorgamiento de testamento en la forma clásica, es decir el testamento escrito y suscrito ante Notario, de forma abierta o cerrada.

Pero ante la posibilidad de no tener acceso a los servicios notariales, es bueno recordar otras formas de disponer válidamente de los bienes y derechos para después de la muerte del testador. Y así nos encontramos de una parte, el testamento llamado hológrafo, consistente en disposiciones testamentarias otorgadas de puño, letra y firma por el testador, de manera privada, precisando, en el propio escrito, de la determinación del lugar y fecha del otorgamiento. Las personas interesadas/favorecidas en él, deben protocolizarlo notarialmente dentro de los cuatro años posteriores a la muerte del testador, so pena de caducidad.

Tanto el testamento notarial (abierto o cerrada) como el hológrafo, están contempladas tanto en el Código Civil como en el Còdi Civil de Catalunya.

Y también existe otra forma de testamento, parecida a la anterior, pensada precisamente para situaciones de pandemia como la actual. Es el testamento que prevé el artículo 701 del Código Civil que dice:

“En casos de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años”.

Estamos, más que ante una clase de testamento, ante una manera de testar que el Código Civil permite para casos excepcionales y, de manera temporal por lo que a su validez se refiere, ya que el propio Código Civil, para su eficacia, exige la protocolización notarial en el plazo de dos meses a partir de que el testador haya salido del peligro de muerte o haya cesado la epidemia. Es una figura que, curiosamente, no contempla el vigente Còdi Civil de Catalunya (sí lo hacía la Compilació de Dret Civil de Catalunya), pero la supletoriedad del Código Civil, concede total validez a este tipo de testamentos otorgados en Catalunya.

Área Derecho Civil

Coronavirus y cancelación de viajes

El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de Marzo, sobre medidas urgentes a aplicar por el estado de alarma, contempla la posibilidad de resolución contractual por parte de consumidores y usuarios que, con motivo del COVID-19, hubieran visto cancelado un viaje previamente concertado. La norma establece el derecho de las agencias de viajes a ofrecer a sus clientes un llamado bono para que, por la misma cantidad abonada por el viaje cancelado, y durante el plazo de un año, puedan sustituirlo por un nuevo viaje. Este bono, dice el RDL, deberá estar avalado con el suficiente respaldo financiero que garantice, en su momento, la ejecución del viaje. Pero el citado RDL (confeccionado con la urgencia y prisas que la situación conlleva) no deja de plantear problemas y cuestiones controvertidas.

En primer lugar el supuesto “respaldo financiero” que la norma menciona de manera etérea, nos preguntamos cómo se concreta, porque si no se trata de un aval bancario (de difícil obtención actualmente), es evidente que no va a ser suficiente la garantía de la propia Agencia de viajes.

En segundo lugar el citado derecho de las agencias de viaje a la extensión del bono, lo determina la norma con la expresión verbal “podrá” sin que determine, a su vez, una obligación del consumidor a pasar por la aceptación, sin más, del bono. Es más, el artículo 160.2 de la llamada Ley de Consumidores y Usuarios, norma de rango superior al RDL de medidas del estado de alarma (salvo que éste hubiera sido ratificado por el Congreso y el Senado), da derecho al consumidor a la resolución del contrato y al reembolso completo de cualquier pago realizado (pero no a una compensación adicional), sin pago de penalización, cuando circunstancias inevitables y extraordinarias afecten de forma significativa a la ejecución del viaje.

En tercer lugar el RDL contempla, alternativamente, el derecho del consumidor a ser reintegrado de las cantidades, totales o parciales, que la Agencia de viajes hubiera recibido, en devolución, de los mayoristas u otros agentes e instituciones del tráfico (hoteles, aeropuertos, administraciones públicas, etc.). Aquí se plantea un problema de prueba en el sentido de que la Agencia de viajes deberá proveerse de la documentación acreditativa al respecto (o de la certificación que pruebe la no percepción de cantidad alguna en devolución de adelantos efectuados); y, por parte del consumidor, entendemos la existencia de un derecho a requerir a su Agencia para que le informe y demuestre de tales cantidades percibidas o, en su caso, que le extienda certificación de no haberlas percibido.

Área Derecho Civil

Coronavirus y segunda oportunidad

El previsible alargamiento del confinamiento, aun con las medidas correctoras últimamente acordadas, y la complejidad y retraso de las ayudas económicas sumado a la imprevisibilidad de las ayudas de la Unión Europea, hacen pensar, por desgracia, en un agravamiento de la ya complicadísima situación económica actual del país.

Viene esto a cuento para referirnos a una figura jurídica del ámbito civil/mercantil establecida en la Ley Concursal y en el RDL 1/2015, que ofrece a las personas físicas desterradas del mundo económico/empresarial, la posibilidad de rehacer su actividad, dejando saneadas sus cuentas.

Nos referimos al Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) conocido comúnmente como la Ley de la Segunda Oportunidad que no es otra cosa que la normativa recogida en las disposiciones legales a que hacemos referencia en el párrafo anterior y que ahora, con la crisis económica generada por el coronavirus, cobra una vigencia y actualidad de primer orden.

Se trata, en definitiva, de la posibilidad que la Ley ofrece a todas aquellas personas físicas que, habiendo presentado concurso de acreedores por imposibilidad de satisfacer sus deudas, y habiendo finalizado dicho concurso con la liquidación o con el archivo por insuficiencia de masa patrimonial activa (el llamado concurso exprés), puedan, aun así, presentar un plan de pagos que les permita saldar sus deudas en el plazo de cinco años, sin devengo de intereses, y, a la vez, seguir o iniciar la actividad económica que les permita el sustento necesario.

Son condiciones básicas para la viabilidad de la petición, que la persona que solicite el Plan de pagos (BEPI) no haya sido condenada, en los diez años anteriores, por un delito contra el patrimonio, contra el orden socio-económico, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra el derecho de los trabajadores; o por un delito de falsedad documental; y que no haya rechazado, en los cuatro años anteriores a la presentación del concurso, una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

Cabe decir, para finalizar, que si dentro del plazo de los cinco años antedichos, el deudor viniera a mejor fortuna que le permita hacer frente a sus deudas, o se descubriera que, con anterioridad al BEPI, era titular de patrimonio no declarado, cualquier acreedor podría rescindir el acuerdo y exigir el pago anticipado de las deudas.

Área Derecho Civil/Mercantil

COVID-19. Materia de arrendamientos urbanos

MEDIDAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO: REAL DECRETO-LEY 11/2020, de 31/03

Se han adoptado medidas urgentes en relación a los arrendamientos urbanos, especialmente en lo referido al pago de las mensualidades de alquiler durante el periodo de Estado de Alarma. La entrada en vigor de este Real-Decreto-Ley tendrá lugar el día 2 de abril de 2020.

A) Finalidad del Real Decreto-Ley.
• Estas medidas van dirigidas a personas vulnerables, habrá que revisar la situación de cada persona en cada caso.
• Las medidas deben facilitar los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas.
• Se garantiza la protección de los colectivos más vulnerables y, a su vez, se garantiza el equilibrio entre las partes, impidiendo que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores.

Concurrencia conjunta de los requisitos de vulnerabilidad.
• Estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo o que haya reducido su jornada laboral, en el supuesto de ser empresario, por motivo de cuidados u otras circunstancias similares que hayan supuesto una pérdida sustancial de ingresos.
• El conjunto de los ingresos de la unidad familiar, durante el mes anterior a la solicitud de la moratoria o la suspensión de plazos procesales, deberá regirse por el IPREM (537,84€) y de conformidad con cada caso específico.

B) Suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamiento.
El período máximo será de 6 meses, contados desde el día 2 de abril de 2020.

C) Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
• Desde el 2 de abril de 2020 hasta dos meses después de finalizado el estado de alarma.
• Prórroga extraordinaria del contrato por un plazo de 6 meses. La prórroga deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que exista otro acuerdo entre las partes.

D) Moratoria de la deuda arrendaticia: aplazamiento temporal y extraordinario.
Puede solicitarlo el arrendatario de contrato de vivienda habitual que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica y podrá solicitarse a aquellos arrendadores que sean una empresa o entidad pública de vivienda y a los grandes tenedores de viviendas.
Se otorga un aplazamiento de un mes a contar desde el 2 de abril de 2020.
El arrendador deberá optar por alguna de estas dos decisiones comunicándoselo al arrendatario, en un plazo de 7 días laborables:
• Una reducción del 50% de la renta durante el estado de alarma y plazo máx. 4 meses.
• Una moratoria en el pago de la renta durante el estado de alarma,se aplazarán las cuotas no satisfechas mediante el fraccionamiento de cuotas durante al menos 3 años, siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento.

E) Acreditación por el arrendatario de los requisitos necesarios.
• Situación legal por desempleo
• Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia
• Número de personas que habitan en la vivienda habitual
• Titularidad de los bienes
• Declaración responsable del deudor

F) Modificación de las condiciones contractuales cuando el arrendador no es un gran tenedor.
Aplazamiento de la renta.

G) Aprobación de avales por cuenta del Estado para la cobertura de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica.
Se desarrolla una línea de avales con cobertura del Estado.

H) Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico en los alquileres de vivienda habitual.
Cuantía de la ayuda: 900,00 euros/mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito.

I) Vigencia de las medidas previstas en el Real Decreto-Ley:
Las medidas previstas en este Real Decreto Ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma.

Las circunstancias particulares de cada caso tendrán que ser revisadas por un profesional. No dude en contactar con nosotros para estudiar su caso.

Departamento de Procesal Civil