El juez autoriza a la madre al cambio de colegio de su hija ante la oposición del padre

Abocam Abogados ha obtenido Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Valls (Tarragona), estimando la pretensión de nuestra Clienta al autorizarle al cambio de colegio de la menor.

La escuela en la que se encontraba matriculada la hija de ambos contaba con numerosas barreras arquitectónicas que le impedían acceder a las instalaciones del colegio, causándole un gran perjuicio a su salud con motivo de su discapacidad física. Por ello, la progenitora solicitó al progenitor no custodio autorización para proceder al cambio de escuela de la menor, pasando a cursar sus estudios a un centro en donde se suprimieran tales barreras y se le facilitara el acceso a las instalaciones. La adversa se negaba al cambio alegando “recomendaciones de los profesionales”.

El juez afirma que de las pruebas practicadas ha quedado fehacientemente acreditado que la no autorización del padre, “se basa en una mera referencia de los profesionales y una representación indirecta de la situación a través de ellos” obviando “la cuestión relativa a las barreras arquitectónicas”. A sensu contrario, “los factores que valora la madre para adoptar la decisión inicial de cambio de colegio son más amplios que los del padre y su conocimiento de la situación es mayor que la de él, estando por ello, en mayor disposición de tomar una decisión adecuada al interés de la menor”.

Área de Derecho de Familia

Tribunal Supremo Compliance

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia nº 316/2018 de 28 de junio, ha puesto de relieve la importancia de la implementación de programas de prevención de delitos en organizaciones empresariales.

Concretamente, el Tribunal en la Sentencia destaca la posibilidad de exigir la creación o la previa existencia de un programa de Compliance con tal de que la empresa en cuestión pueda suscribir un contrato de póliza de seguro, con el objetivo de cubrir su responsabilidad por delitos en el ámbito societario.

De ésta forma, y no tan sólo en el ámbito de las aseguradoras, sino en las transacciones mercantiles en general, un Compliance Program consigue una reducción sustancial del riesgo a asumir, ya que las posibilidades de que en el seno de la empresa se cometa un delito disminuyen. Consecuentemente, el hecho de no contar con un programa de prevención de delitos cada vez supone más problemas para las compañías en el ejercicio de su actividad profesional.

Tal y como establece la Sentencia del Alto Tribunal, “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”.

Los referidos programas cada vez están adquiriendo más importancia debido a que, aparte de constituir una buena praxis corporativa, tienen la finalidad de limitar los casos que puedan llegar a los Tribunales por delitos societarios tales como la administración desleal o la apropiación indebida.

Cabe informar pues a las empresas de la gran relevancia que tiene la implementación de un programa de prevención de delitos, así como también de su repercusión a nivel de imagen corporativa.

Área de Derecho Penal y Compliance

Inexistencia de prórroga forzosa en contrato de arrendamiento

Abocam Abogados ha obtenido de la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia que estima en su integridad la demanda de Juicio Ordinario sobre extinción de contrato de arrendamiento de vivienda.

La adversa alegaba que el contrato de arrendamiento estaba sujeto a la prórroga forzosa del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, por haber iniciado la relación contractual entre las partes en fecha 1 de noviembre de 1970, con anterioridad al Real Decreto Ley del 2/1985, de 30 de abril.

De las pruebas practicadas ha quedado fehacientemente acreditado, que en el año 90, las partes realizaron una novación del contrato sin pactar expresamente la prórroga forzosa, una vez entrado en vigor el Decreto Ley 2/1985 (Ley Boyer).

Es doctrina reiterada la que establece la existencia de dos clases de arrendamientos urbanos por su duración, 1) a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985 de 30 de abril, no sujetos a la prórroga forzosa y a los que será de aplicación la tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil, a no ser que los contratantes hubieren convenido, explícita o implícitamente, el sometimiento a dicho régimen, o 2) los anteriores a esta norma legal, y que se hallan sujetos a la prórroga forzosa del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1964.

En el presente caso, la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirma nuevamente la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Barcelona, que estimó en su integridad el escrito de demanda, extinguiendo el contrato de arrendamiento “por haber finalizado el plazo contractual y haberse comunicado/notificado al arrendatario su extinción” y condenando al desalojo de la vivienda, dejándola libre, vacía y expedita a disposición de la propietaria, al no haberse pactado expresamente en la novación la prórroga forzosa, y por ende el arrendamiento quedó excluido de este derecho.

Dpto. de Procesal Civil

Anulación archivo de las actuaciones

Abocam Abogados ha obtenido Auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona por el que se anulan dos resoluciones que acordaron el archivo de unas actuaciones iniciadas a través de una denuncia que presentamos por la posible comisión de un delito de estafa, suplantación de la identidad y falsedad documental.

Después de obtener ambas resoluciones del Juzgado de Instrucción nº 19 de Barcelona, interpusimos Recurso de Apelación, ya que en ambos casos el Juzgado tan sólo puso de manifiesto que los hechos denunciados no constituyen infracción penal alguna, sin entrar en el fondo del asunto para motivar la decisión de archivo, mientras existen pruebas que acreditan de forma fehaciente la comisión de los delitos mencionados.

La Audiencia ha establecido que con las resoluciones de primera instancia se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución española, y que, por ende, se ha causado indefensión a nuestra representada.

Por ello, la Audiencia ha acordado la nulidad de las resoluciones y retrotraer el procedimiento hasta el momento inmediatamente anterior a las mismas, con tal de que se dicte otra resolución en primera instancia de forma motivada y conforme a Derecho.

Área de Derecho Penal

Confirmación sentencia abuso sexual

Abocam Abogados ha obtenido sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 05.07.2018, que confirma la sentencia recaída en primera instancia, de fecha 08.05.2018, la cual condena al acusado como autor responsable de un delito de abusos sexuales a la pena de 1 año de prisión, con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, así como al pago de las costas procesales y a satisfacer una indemnización a nuestra clienta por los daños morales sufridos en la cantidad de 6.000€.

La representación del acusado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia interesando que se practicaran las pruebas no admitidas en la misma ya que, a su parecer, el hecho de no haber practicado las referidas pruebas se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

En concreto, el recurso venía a decir que no hay credibilidad subjetiva en la declaración de la víctima porque concurre un fin espurio en la consecución de una indemnización por daño moral. Además, se alegó que no hay verosimilitud en el relato ofrecido por la denunciante, porque no existen datos de corroboración periférica y no se ha dado persistencia en la incriminación, ya que aparecen contradicciones en las declaraciones vertidas.

Concretamente, la defensa propuso la práctica en segunda instancia de unas pruebas que suponían una intromisión en aspectos que afectan a la privacidad de la denunciante. Tal y como ya se determinó en primera instancia, la Audiencia Provincial ha confirmado que la defensa no justificó la necesidad de indagar en la salud mental de nuestra clienta para valorar los hechos y, por ende, no procedía la admisión de dicha prueba.

Así pues, la Audiencia Provincial debía valorar la suficiencia de la declaración de la denunciante y víctima como prueba de cargo o incriminatoria.

En relación al ánimo espurio de la víctima, consistente en obtener una indemnización por daño moral, la Audiencia argumenta que no puede acogerse dicha pretensión, porque supondría que para ser creíble cualquier víctima debería renunciar a ser reparada o resarcida. Por otro lado, sobre las supuestas contradicciones de la víctima, se establece que las mismas no tienen relevancia a la hora de valorar la verosimilitud de su declaración.

En referencia a la falta de credibilidad subjetiva, en la sentencia se dictamina que efectivamente concurren elementos probatorios que corroboran de forma objetiva la versión de la víctima, al contrario de lo que considera la parte contraria. En concreto, juntamente con la declaración de la víctima, se valoraron las declaraciones de varios testigos, los cuales percibieron directamente la reacción y el estado de la misma con posterioridad a la comisión de los hechos, así como también la declaración de la psicóloga que la trata.

El cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales para dar veracidad a la prueba de cargo, consistente en la declaración de la víctima, destruye la presunción de inocencia del acusado, hecho que permite confirmar la falta de fundamento del recurso de apelación.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la representación del acusado por entender suficientemente probados los hechos denunciados, fallando pues, otra vez, a favor de nuestra clienta, y confirmando la resolución recaída en primera instancia.

Área de Derecho Penal

Plusvalía Municipal

Creemos que ante la desinformación o falta de criterios jurídicos claros referentes a un tema que preocupa mucho a los Clientes, como es el pago de un impuesto que se ha incrementado considerablemente en el tiempo, y que en la actualidad, debe ser tenido en cuenta en toda transmisión, se ha producido un hecho relevante en forma de sentencia que aclara, al menos, a priori, la posibilidad real de recurrir las liquidaciones de plusvalía en transmisiones de inmuebles cuando no exista incremento de valor.

En este sentido, nuestro despacho profesional ya ha procedido a recurrir liquidaciones de sus Clientes, con éxito, por lo que recomendamos un estudio previo de cada liquidación para poder determinar la viabilidad de las reclamaciones.

La importancia de esta sentencia es la ya reconocida posibilidad del ciudadano de poder alegar la inexistencia de causa legal para imponerle un impuesto cuyo hecho imponible es la existencia de incremento de valor del terreno, es decir, que hubiera plusvalía real y efectiva obtenida de la transmisión del inmueble, desde cualquier principio probatorio (por ejemplo escrituras, contratos, testigos, documentos, etc., ART. 105 y SS de la LGT) que acrediten que el terreno en cuestión NO HA AUMENTADO DE VALOR.

Debido a que la norma no permite poder demostrar la falta de capacidad económica, “Se decreta la nulidad del art. 110.4 del TRLH porque no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene”.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107,1 y 107,2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLHL) resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

“En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE“.

Área de Derecho Público

Ley Anti Ocupas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la LEC en relación a la ocupación ilegal de viviendas, ha arbitrado un cauce más ágil para la recuperación de la posesión de viviendas que han sido ocupadas ilegalmente, es decir, articula una recuperación inmediata de la posesión cuando se trate de una vivienda y el propietario o quien se haya visto perturbado en su legítima posesión sea una persona física o entidad que disponga de ella sin fines lucrativos.

Con la reforma de la Ley, se modifica el juicio verbal posesorio previsto en el artículo 250.1.4º LEC articulando un procedimiento específico destinado a recuperar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente (ocupación ni consentida ni tolerada) y restituirla a su legítimo poseedor, pero con un ámbito de aplicación limitado:

-PARTE LEGITIMADA: Personas físicas propietarias o poseedoras legítimamente, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y entidades públicas propietarias o poseedoras de vivienda social.

-PARTES NO LEGITIMADAS: Personas jurídicas a no ser que su título sea ausente de lucro.

-Se excluyen los locales-oficinas.

-No será necesario conocer la identidad de los ocupantes.

-Se puede solicitar con la demanda la entrega inmediata de la posesión. En 5 días los ocupantes deberán aportar el título de posesión y si no lo hacen el juez debe ordenar la entrega inmediata de la vivienda.

-Si el ocupante/s no contestan a la demanda o si contestan y no aportan un título posesorio, la sentencia dictada permitirá la ejecución inmediata sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días.

Área de Derecho Procesal