CONFIRMACIÓN SENTENCIA CALUMNIA

Abocam Abogados ha obtenido sentencia de la Sección 22ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 21.09.2018, que confirma la sentencia por la que se condenó a la acusada como autora responsable de un delito de calumnia a la pena de 6 meses de multa con cuota diaria de 6€, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, al pago de las costas procesales, y a que indemnice a nuestra clienta por los daños morales sufridos en la cantidad de 5.000€.

Al contrario de lo alegado por la apelante en el escrito de recurso, en su sentencia la Audiencia afirma la suficiencia de los medios de prueba practicados en el juicio oral, niega haberse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, y establece que el quantum indemnizatorio no puede ser modificado, porque no existe motivo que lo justifique dada cuenta de que la acusada comprometió el empleo de la víctima, su futuro profesional y su imagen al enviar un correo-e al lugar de trabajo de la última, atribuyéndole la comisión de delitos de apropiación de bienes de la empresa.

Área de Derecho de Penal

Colaboración con el colectivo LGTBI

Nos complace informarles que Abocam Abogados ha firmado un convenio de colaboración con el colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales), a través de su directorio Loottis, ampliando sus servicios especializados en Derecho de Familia a las diversas modalidades de convivencia familiar que requieran de asesoramiento especializado.

Área de Comunicación corporativa y expansión

Debemos proteger nuestra información digital siempre y en una ruptura sentimental más

No somos conscientes de la cantidad de información que nuestra pareja conoce, y que en muchas ocasiones compartimos con ella sin pensar en el futuro, cegados por el amor.

En una ruptura sentimental hay muchos efectos que deben regularse según el Codi Civil pero hay otros que no se estipulan, sin ser conscientes que deben protegerse, como nuestros datos de cualquier dispositivo: wi-fi, tablet, móvil, smartphone, redes sociales…

En el momento de la desavenencia las personas somos capaces de cualquier cosa, llegando a límites inverosímiles, que ahora ya si son delito. Si buscamos en internet espiar móvil, los resultados son: “programas gratis de espionaje”, “como espiar a mi esposa sin que lo sepa”, y similares.

Estas actitudes están siendo penadas por los Juzgados en nuestro país, y la excusa de que la contraseña se había facilitado voluntariamente no exime de responsabilidad al autor del delito, que curiosamente mayoritariamente son hombres.

La primera Sentencia que comportaba delito de prisión fue en el año 2015 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Girona, con pena de prisión de dos años y medio de cárcel, multa de 6€ diarios por 19 meses. En este caso el marido había obtenido información (fotos) del teléfono de su aún esposa, que acreditaban que mantenía una relación extramatrimonial. Dicha prueba fue aportada en el proceso de divorcio. La pena tuvo el agravante por ser familia en el momento de cometer el delito. Y no fue a mayores por no haber difundido las imágenes más allá del proceso judicial.

Por tanto, el espionaje del móvil con programas, con geo localizadores, duplicando la tarjeta sim, con el GPS del coche, a través de la contraseña de la wi-fi de la que fue casa conyugal, ya no digo de la banca online, se castiga con pena de prisión. Como un delito contra la intimidad, basado en el derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones y a preservar la intimidad personal. La pena impuesta como consecuencia de esta conducta puede oscilar entre uno y cuatro años de prisión. Y la cosa no queda ahí. Al espiar un teléfono móvil ajeno pueden cometerse, además, otros delitos simultáneamente; por ejemplo, contra la integridad, contra la imagen o suplantación de identidad.

En conclusión, en los momentos de discordias sentimentales debemos proteger nuestros intereses, incluso en la Red.

Área de Derecho de Familia

El uso indiscriminado de las fotografías de los menores en las redes sociales

Es habitual y no poco frecuente que los padres utilicemos imágenes de los hijos en nuestras redes sociales. El primer día de playa, comiéndose un helado o incluso chapoteando en la piscina. Sin embargo, ante la diversidad de tipologías de familias, este hecho puede ser un punto de conflicto en aquellas en que la relación de los progenitores esté rota.

La controversia se resuelve con la tan olvidada POTESTAD PARENTAL que suele ser compartida, y que la mayoría de los progenitores olvidan o desconocen su contenido a pesar de que la sentencia de divorcio, separación o guarda y custodia seguro que la regula.

El derecho de imagen del menor forma, conjuntamente con otros derechos, la patria potestad, y son los progenitores los que ostentan tal derecho, salvo que la sentencia le retire a alguno de ellos o ambos tal facultad. Y por ello, son los padres los que deben velar por el interés del menor y por tanto, por la exposición del mismo en las redes sociales.

Concretamente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sec. 12, núm. 385/2018 resuelve la problemática, como era de esperar, en base al ejercicio compartido de la potestad parental, que nada tiene que ver con la guarda y custodia.

El Tribunal ha resuelto la controversia entendiendo que hoy día la cotidianidad de colgar fotos en redes sociales, se lleva a realizarla de modo impulsivo y en algunas ocasiones sin mirar por el interés del menor, que en un futuro, puede no sentirse cómodo con la imagen publicada, por lo que conforme RD 1720/2007 que desarrolla la LO 15/1999 de protección de Datos, así como el 25 mayo de 2018 Reglamento (UE) 2016/679 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea relativo a la protección de las personas físicas, (más conocido como el RGPD) son los titulares de la patria potestad los que deben consentir.

En resumen, los padres deben consentirse expresamente la publicación de cada instantánea de los hijos a las redes sociales, por ser ambos titulares de la responsabilidad parental.

Área de Derecho de Familia

El juez autoriza a la madre al cambio de colegio de su hija ante la oposición del padre

Abocam Abogados ha obtenido Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Valls (Tarragona), estimando la pretensión de nuestra Clienta al autorizarle al cambio de colegio de la menor.

La escuela en la que se encontraba matriculada la hija de ambos contaba con numerosas barreras arquitectónicas que le impedían acceder a las instalaciones del colegio, causándole un gran perjuicio a su salud con motivo de su discapacidad física. Por ello, la progenitora solicitó al progenitor no custodio autorización para proceder al cambio de escuela de la menor, pasando a cursar sus estudios a un centro en donde se suprimieran tales barreras y se le facilitara el acceso a las instalaciones. La adversa se negaba al cambio alegando “recomendaciones de los profesionales”.

El juez afirma que de las pruebas practicadas ha quedado fehacientemente acreditado que la no autorización del padre, “se basa en una mera referencia de los profesionales y una representación indirecta de la situación a través de ellos” obviando “la cuestión relativa a las barreras arquitectónicas”. A sensu contrario, “los factores que valora la madre para adoptar la decisión inicial de cambio de colegio son más amplios que los del padre y su conocimiento de la situación es mayor que la de él, estando por ello, en mayor disposición de tomar una decisión adecuada al interés de la menor”.

Área de Derecho de Familia

Tribunal Supremo Compliance

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia nº 316/2018 de 28 de junio, ha puesto de relieve la importancia de la implementación de programas de prevención de delitos en organizaciones empresariales.

Concretamente, el Tribunal en la Sentencia destaca la posibilidad de exigir la creación o la previa existencia de un programa de Compliance con tal de que la empresa en cuestión pueda suscribir un contrato de póliza de seguro, con el objetivo de cubrir su responsabilidad por delitos en el ámbito societario.

De ésta forma, y no tan sólo en el ámbito de las aseguradoras, sino en las transacciones mercantiles en general, un Compliance Program consigue una reducción sustancial del riesgo a asumir, ya que las posibilidades de que en el seno de la empresa se cometa un delito disminuyen. Consecuentemente, el hecho de no contar con un programa de prevención de delitos cada vez supone más problemas para las compañías en el ejercicio de su actividad profesional.

Tal y como establece la Sentencia del Alto Tribunal, “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”.

Los referidos programas cada vez están adquiriendo más importancia debido a que, aparte de constituir una buena praxis corporativa, tienen la finalidad de limitar los casos que puedan llegar a los Tribunales por delitos societarios tales como la administración desleal o la apropiación indebida.

Cabe informar pues a las empresas de la gran relevancia que tiene la implementación de un programa de prevención de delitos, así como también de su repercusión a nivel de imagen corporativa.

Área de Derecho Penal y Compliance

Inexistencia de prórroga forzosa en contrato de arrendamiento

Abocam Abogados ha obtenido de la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia que estima en su integridad la demanda de Juicio Ordinario sobre extinción de contrato de arrendamiento de vivienda.

La adversa alegaba que el contrato de arrendamiento estaba sujeto a la prórroga forzosa del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, por haber iniciado la relación contractual entre las partes en fecha 1 de noviembre de 1970, con anterioridad al Real Decreto Ley del 2/1985, de 30 de abril.

De las pruebas practicadas ha quedado fehacientemente acreditado, que en el año 90, las partes realizaron una novación del contrato sin pactar expresamente la prórroga forzosa, una vez entrado en vigor el Decreto Ley 2/1985 (Ley Boyer).

Es doctrina reiterada la que establece la existencia de dos clases de arrendamientos urbanos por su duración, 1) a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985 de 30 de abril, no sujetos a la prórroga forzosa y a los que será de aplicación la tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil, a no ser que los contratantes hubieren convenido, explícita o implícitamente, el sometimiento a dicho régimen, o 2) los anteriores a esta norma legal, y que se hallan sujetos a la prórroga forzosa del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1964.

En el presente caso, la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirma nuevamente la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Barcelona, que estimó en su integridad el escrito de demanda, extinguiendo el contrato de arrendamiento “por haber finalizado el plazo contractual y haberse comunicado/notificado al arrendatario su extinción” y condenando al desalojo de la vivienda, dejándola libre, vacía y expedita a disposición de la propietaria, al no haberse pactado expresamente en la novación la prórroga forzosa, y por ende el arrendamiento quedó excluido de este derecho.

Dpto. de Procesal Civil