Registro de parejas de hecho: Pensión de Viudedad

Cambio de criterio del fijado hasta ahora para concesión de la pensión de viudedad.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en reciente Sentencia, ha sentado Jurisprudencia dictaminando que, en las situaciones de pareja de hecho, únicamente tendrán derecho a pensión de viudedad, aquellos miembros de la misma cuya existencia estuviera inscrita en un Registro público, municipal, autonómico o estatal.

Con esta Sentencia el TS modifica su criterio anterior que reconocía tal derecho con la sola acreditación (notarial o con cualquier otro documento público) del estado de pareja de hecho. Ahora será necesario, además, el Registro.

https://elpais.com/economia/2022-04-25/el-supremo-vuelve-a-exigir-la-inscripcion-de-las-parejas-de-hecho-en-el-registro-para-cobrar-la-pension-de-viudedad.html

Área de Derecho de Familia

Condena a un banco a pagar a un cliente que le robaron por Phishing

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un banco al pago de más de 4.000€ a uno de sus clientes, al cual le sustrajeron dicho importe de su tarjeta de crédito mediante la técnica de engaño del phishing. La Audiencia considera responsable a la entidad bancaria al incumplir los deberes de diligencia de prevención de este tipo de fraude.

El phishing consiste en la suplantación de identidad para engañar a un sujeto, haciendo que comparta sus contraseñas, números de tarjeta de crédito u otra información confidencial, haciéndose pasar por una institución de confianza mediante llamada o correo-e.

Área de Derecho Civil

Aplicación de Complylaw Igualdad en la Administración Pública

Complylaw Igualdad es una herramienta web preparada para redactar de forma sencilla el Plan de Igualidad de cualquier Administración Pública, ya sea a nivel estatal, autonómico o local, y gestionar su implantación y seguimiento a partir de un diagnóstico previo.

Más concretamente, dicho instrumento de gestión selecciona los objetivos y medidas de actuación que a la organización en cuestión le interese incluir en su Plan de Igualdad, permitiendo la creación de objetivos y medidas propias que se ajusten a las necesidades de la misma. Asimismo, realiza un diagnóstico para determinar la situación de la institución e identificar posibles brechas, tiene en consideración la diversidad de empleados públicos y genera, además del referido Plan, informes de Diagnóstico, Objetivos y medidas, Auditoría retributiva e Implantación y seguimiento. Una vez se han efectuado todas estas actuaciones, Complylaw gestiona que dichos objetivos y medidas de actuación sean efectivamente implantadas y ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a documentación complementaria como normativa, formularios u otros contenidos de interés. 

En definitiva, se trata de una forma práctica de incorporar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres trabajadoras en la Administración Pública, aplicándose así las distintas previsiones legales que propugnan un modelo igualitario en nuestra sociedad.

Área de Derecho Administrativo

Adopción de medidas urgentes ante la situación de sequía

El pasado 16 de marzo de 2022 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para el apoyo al sector agrario por causa de la sequía. Su objeto principal es establecer medidas de soporte a quienes sean titulares de las explotaciones agrarias, contribuyendo así a la repercusión de la rentabilidad de dichas explotaciones, que se han visto gravemente afectadas tanto por la situación de sequía como por el incremento de los costes de producción y la situación económica internacional.

Más concretamente, en el referido Real Decreto-ley se prevén cuatro tipos de medidas en distintos ámbitos: medidas laborales y de seguridad social, para la protección de las personas trabajadoras, medidas fiscales, medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones, y medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y en la cuenca del Guadiana.

Entre los distintos ámbitos mencionados, destacan las medidas laborales consistentes en el aplazamiento del ingreso de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta para trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Agrarios y, sobre todo, en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

Por otro lado, destaca la aplicación en el sector agrario de, principalmente, dos medidas fiscales: la reducción en 2021 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas y del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la exención del impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza agrícola, siempre que los titulares de las explotaciones hayan sufrido en el ejercicio inmediato anterior, es decir, el ejercicio de 2021, pérdidas de ingresos de un 20% o 30%, según la zona afectada.

En definitiva, en atención a las circunstancias concurrentes, y teniendo en consideración que a lo largo del 2021 las explotaciones agrarias han tenido que afrontar un incremento de los costes de producción, debido al encarecimiento de precios de materias primas y de la energía, se ha decidido aprobar dicho Real Decreto-ley analizado, siendo el mismo necesario, al contener un conjunto de previsiones y medidas urgentes a adoptar, en aras a que el sector agrario pueda hacer frente a la situación prolongada de sequía.

Área de Derecho Administrativo

 

El TSJC anula la zona de bajas emisiones de Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido anular la ordenanza de la zona de bajas emisiones de Barcelona (ZBE) del Ayuntamiento. La sala contenciosa echa atrás la norma por «falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y excesiva restricción del tipo de vehículos afectados», entre otros motivos.

El TSJC ha dejado claro que no puede condicionarse la movilidad de las personas a la capacidad económica para adquirir un vehículo nuevo, lo que es mucho más costoso para las familias con más niños.

La sala considera que la información que permitió elaborar la ordenanza relativa a las restricciones de circulación no estaba actualizada y era incompleta, y dice que existían «vicios sustanciales en la elaboración de la norma». Por estos motivos, los magistrados dicen que los encargados de realizar el proyecto y aprobarlo no tenían herramientas suficientes para analizar el impacto de la medida en los ciudadanos ni escoger qué medios para conseguir los objetivos de reducir los niveles de contaminación serían los más adecuados. También destacan la carencia de alternativas menos restrictivas.

Sobre los efectos de la sentencia es importante saber que:

Una vez la sentencia sea firme, y la ordenanza que regula la ZBE sea anulada totalmente, si así puede desprenderse de la sentencia se podrá pedir la devolución de todas las sanciones puestas. Pero como la sentencia no es todavía firme, el Ayuntamiento tiene 30 días para recurrirla y el Tribunal confirmarla o no.

Mientras, la ZBE siga vigente, se pueden seguir poniendo sanciones. Y las multas se deben seguir pagando.

Área de Derecho Administrativo

Invalidez Permanente Absoluta

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha dictado sentencia de fecha 25.02.22 que, estimando el recurso de suplicación interpuesto por nuestro despacho, revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n. 2 de Lleida en fecha 30.04.21 y reconoce el derecho de nuestro Cliente a percibir la prestación de INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA. El procedimiento instado por Abocam estaba encaminado a que se reconociera que las dolencias que padecía el Cliente, y que le llevaron a percibir una prestación de INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA SU PROFESION HABITUAL, se habían agravado y eran tributarias de que le fuera reconocida la INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA.

El Tribunal ha analizado detenidamente los informes médicos de la Sanidad Pública que en su día fueron obviados por el Juzgado, que objetivan las dolencias de nuestro Cliente. De esta manera, nuestro representado cobrará el 100% de su base reguladora en lugar del 55% que venía percibiendo y, además, percibirá en un único pago las diferencias que tenía que haber cobrado desde la fecha de efectos, 03.01.2019.

Departamento Derecho Laboral y Seguridad Social

Mi expareja ha cambiado a los hijos de domicilio, ¿Qué puedo hacer?

Es habitual que tras la ruptura, la patria potestad de los hijos comunes se ejerza de forma compartida, por lo que las cuestiones de educación, salud y domicilio, deben decidirse conjuntamente por ambos progenitores.

Sin embargo, sigue siendo habitual que uno de ellos, decida por cuestiones ajenas a la familia, un cambio en su vida, que implique también un cambio en la organización familiar. Si esto ocurre, lo recomendado es consensuar con el otro progenitor la nueva situación para que no tengan que acudir al Juzgado a resolver estos conflictos.

No obstante, hay quien erróneamente cree que ostentar la custodia exclusiva concede un poder supremo sobre la vida de los menores, invadiendo así los derechos del otro progenitor y conculcando los de los hijos.  Interponer un proceso judicial no siempre es rápido, y a veces el final del mismo se ve poco certero, pero nada mas lejos de la realidad, acudir al Juzgado ante situaciones de “abuso” por parte del otro progenitor es una vía de solucionar el conflicto que se acerca, y que puede condicionar enormemente las relaciones con los menores. En ese sentido la APBcn sec 12 el 2.02.2021 (Rec 53/2021) resolvió que el empadronamiento de los hijos sería una cuestión a decidir por el padre únicamente, dado que la madre había empadronado sin el consentimiento de éste a los hijos en otra población donde no había vinculo escolar ni sanitario, concluyendo: “la recurrente ha hecho un inadecuado uso de la potestad parental al no consensuar el cambio de empadronamiento de los hijos con el otro progenitor.”

Área de Derecho de Familia