La Audiencia de Córdoba retira la Guarda y Custodia al padre por su adicción al tabaco

En concreto se establece la atribución a la madre de la guarda y custodia de los hijos, que venía siendo compartida. La novedad es, que esta decisión se ampara en la fuerte adicción al tabaquismo del padre que le impide proteger a sus hijos del ambiente cargado de humo, según relató el propio hijo mayor.

A pesar de la polémica que siempre rodea a ciertos hábitos como lo es el tabaco, debe recordarse que los progenitores son adultos y pueden tomar sus propias decisiones, siendo o no acertadas, sin embargo, en cuanto a los menores deben tomarse siempre las más favorables para éstos, tanto por su vulnerabilidad como su indefensión.

Los padres son los garantes del bienestar de sus hijos, y por ello reza la Sentencia: “deben evitar cualquier tipo de situación de riesgo para los menores, es evidente que el proceder del padre pone en situación de peligro la salud de los menores de forma absolutamente irresponsable y sin mirar a otra cosa que no sea a su adicción.” No sería lógico que a los menores no se les protegiera en su hogar de aquello a lo que la sociedad se cuida mucho en proteger para cualquier ciudadano, mayor o menor de edad, cuando hablamos de lugares públicos, centros escolares, de trabajo, sanitarios, etc.

Departamento de Derecho de Familia

Doctrina sobre gastos asociados a un préstamo hipotecario

La Sala de lo Civil del TS, ha fijado doctrina sobre algunas cuestiones relativas a las cláusulas abusivas en contratos con consumidores:

COMISIÓN DE APERTURA:

La comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo, por el contrario el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen partidas del precio del préstamo. Por tanto deben incluirse en el cálculo del TAE.

Por este motivo, solo será objeto de control de transparencia y no del contenido.

GASTOS E IMPUESTOS DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO:

EL pago debe corresponder a la parte que establezca la normativa vigente en cada momento:

1. Arancel Notarial: Los costes de la matriz de la escritura de préstamo debe distribuirse por mitad. La escritura de cancelación de la hipoteca, le corresponde al prestatario.

2. Arancel Registral: La inscripción de la escritura de préstamo la debe pagar el prestamista y la cancelación el prestatario.

3. Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales: Lo debe pagar el prestatario según la Jurisprudencia, dado que existe nueva regulación legal, a partir de la misma, será la entidad bancaria, al no tener efectos retroactivos.

4. Gestoría: Por mitad.

Departamento de Derecho Civil

Reforma de la Ley de Arrendamientos

La reforma de la LAU, solo ha durado 35 días desde su entrada en vigor mediante Real Decreto Ley, al no ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

Por dicho motivo, a partir de hoy sigue vigente la LAU de 2013, aunque los contratos que se hayan firmado en este breve periodo, se regirán por el Real Decreto Ley, al ser eficaz desde su publicación en el BOE y no tener efectos retroactivos su derogación.

Esta situación llevará aparejada bastante controversia y resultará claramente “extraño” encontrarnos con incidentes judiciales derivados de un RDL que no preveyó lo que podía pasar en el trámite parlamentario, y que también puede dar lugar a revisiones del TS al respecto de los mismos.

Cualquier consulta al respecto, nos ponemos a su disposición.

Departamento de Derecho Administrativo

Inactividad de la Administración

Se parte de un concepto de inactividad como sinónimo de la falta de contestación a cualquier escrito presentado ante la Administración Pública que resulta ajeno a los previstos en el art. 29 de la LCJA, sobre cuya infracción se sustenta este motivo. En virtud de dicho artículo, si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración.

En cuanto a la falta de ejecución de los actos firmes, los afectados podrían solicitar la ejecución y si no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitaría en forma de procedimiento abreviado.

Es preciso, como requisito de lo previsto en el propio art. 29.1, LCJA, que la persona que pretende su ejecución, además de estar legitimado para ello, reclame previamente a la Administración el cumplimiento de tal obligación y que transcurran tres meses desde tal petición sin darse cumplimiento, por lo que si no se ha realizado esa petición no puede hacerse uso de este cauce por incumplimiento de los requisitos establecidos para actuar frente a la inactividad de la Administración (STS de 9 de abril de 2010).

En definitiva, tiene que tratarse del ejercicio de una acción prestacional dirigida a que la Administración dé cumplimiento a una prestación material concreta, determinada y debida (STS de 18 de noviembre de 2008).

La Sentencia TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 17 de marzo de 2016 determina que relevante en materia de ampliación de plazo de duración de actuaciones es su justificación. Esta justificación desaparece, cuando hay inacción de la Administración antes y después del acuerdo de ampliación del plazo, y cuando los datos obtenidos se demuestran insuficientes e inidóneos por los propios tribunales.

Para que pueda acudirse a la vía contencioso-administrativa es preciso que, conforme a lo establecido en el art. 29.2, LJCA, concurran las siguientes circunstancias:

-Que haya un acto administrativo previo y firme

-Que se haya solicitado su ejecución y no haya sido ejecutado

-Que transcurra un plazo de un mes desde esa solicitud

Departamento de Derecho Administrativo

Modificación de la ley de arrendamientos urbanos

Recientemente se ha aprobado el Real Decreto Ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que afecta directamente a aspectos sustanciales de los contratos de arrendamiento de viviendas.

En este artículo pasamos a resumir los aspectos mas importantes de la reforma:

1. Entrada en vigor: 19.12.2018.

2. ¿A que contratos afectará?: A los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor del R.D.L.

3. Los contratos anteriores seguirán rigiéndose por la normativa anterior, salvo pacto en contrario.

4. No será de aplicación la reforma a viviendas cuya superficie sea superior a 300m2 o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo inter-profesional y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda.

5. La duración de los contratos de arrendamiento, si fuera pactada de forma inferior a 5 años o a 7 si el arrendador fuera persona jurídica será la indicada, es decir, pasa del cumplimiento facultativo para el arrendatario de los actuales 3+1 a los 5 o 7 años obligatorios para la propiedad, dependiendo de quien arriende la vivienda.

6. La única excepción a la prórroga obligatoria será, a partir del año de vigencia del contrato, la necesidad de vivienda permanente del arrendador o familiares próximos, comunicada con dos meses de antelación.

7. Se introduce la novedad de que si la finca no estuviera inscrita, si el arrendatario concierta contrato de buena fe con persona que pareciese ser el propietario, también duraría 5 o 7 años, con las salvedades de futuros pleitos.

8. La prórroga del contrato podrá ser de 3 años mas, si ninguna de las partes comunica a la otra su intención de no renovarlo.

9. Se introduce la novedad de que la renta no se revisará anualmente si no se ha dispuesto en el contrato expresamente, y en caso de revisarse, si no se ha detallado el método de revisión, será el del indice de Garantía de Competitividad.

10. En cuanto a obras de mejora por parte del arrendador, dará derecho, una vez transcurridos 5 años de contrato o 7 si es persona jurídica, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar el capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero incrementado en 3 puntos, sin que pueda exceder el aumento del 20% de la renta vigente en ese momento.

11. Se debe fijar por escrito en el contrato y determinar el importe anual de los gastos generales del inmueble para que sean válidos y no se podrán incluir, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, que serán a cargo del arrendador, salvo lo servicios contratados directamente por iniciativa directa del arrendatario. Este punto es importante, porque el importe fijado solo se podrá aumentar anualmente, por acuerdo de las partes, en un importe no superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la renta.

12. Se elimina la actualización de la fianza. Solo cuando el contrato se prorrogue podrá exigirse la actualización.

13. Las garantías adicionales a la fianza no podrán superar las dos mensualidades de renta, si el contrato tuviere una duración de 5 años o 7 en persona jurídica.

Si tiene dudas y desea que revisemos su contrato de arrendamiento, póngase en contracto con nosotros.

Departamento de Derecho Civil

Decisión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD)

El Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ha decidido, por escaso margen de votos, la unificación de doctrina en relación con la parte obligada al pago del IAJD que grava el otorgamiento de los préstamos hipotecarios.

Tres sentencias recientes de la Sección de Derecho Fiscal de dicha Sala habían declarado la obligación de pago a cargo de las entidades financieras otorgantes del crédito hipotecario por entender que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, eran la parte interesada/beneficiaria del negocio jurídico consistente en el préstamo con garantía hipotecaria y declararon nulo el artículo del Reglamento de la Ley, que imponía dicha obligación al prestatario.

Se convocó con urgencia el Pleno de la Sala para revisar el citado criterio doctrinal (que no las tres Sentencias, pues eran inamovibles) y, en su caso, proceder a su rectificación volviendo al criterio anterior. Dicha decisión final, como era de esperar ha provocado, lógicamente, un alud de críticas y el rechazo popular, en general.

Pero, a pesar del repetido acuerdo del Pleno, entendemos que las puertas de la reclamación no habrían quedado cerradas definitivamente para instar reclamaciones de los clientes de los bancos y de las entidades financieras con respecto al pago del repetido IAJD.

Para mayor información contacte con este despacho profesional.

Departamento de Procesal Civil