El cobro de comisiones bancarias en la cuenta de la hipoteca

La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 31/01/2019, declara abusiva la práctica bancaria de cobrar comisiones de mantenimiento por la cuenta abierta en la entidad para el pago del préstamo hipotecario, como obligación derivada de la contratación de dicho préstamo.

A mayor abundamiento, la citada resolución reconoce el derecho del interesado en ser indemnizado por el daño moral sufrido.

Área de derecho bancario

El Tribunal Supremo mantiene el regimen de visitas al padre de la que consideraba su hija

El TS en una reciente sentencia 126/2019 de 1 Marzo 2019, Rec. 1669/2018, reconoce el derecho de visitas al que hasta entonces había sido considerado el progenitor de la menor.

En el citado procedimiento lo que se protege es el derecho de la menor a seguir acudiendo junto con su hermana, a visitar al que hasta entonces era considerado su padre. Y que tal hecho fue descubierto a lo largo del procedimiento, lo que suponía un desajuste en el sistema del régimen del padre con las hijas, siendo una de ellas biológica, y la otra no.

La madre en arduo empeño en entorpecer la relación, interpuso demanda de modificación de medidas, al haber obtenido la impugnación de la paternidad de una de las menores. El juzgado de Primera Instancia le concedió tal reducción del régimen frente a la menor que había dejado de ser considerada hija biológica del padre. Y éste, interpuso recurso de Apelación en base a los perjuicios que le ocasionaba tal diferenciación entre las menores.

La Audiencia Provincial de Cáceres, estimó la pretensión del padre en base a un informe psicosocial que afirmaba “que la brusca ruptura de relaciones de la menor con el que tuvo como padre en los tres primeros años de su vida ha sido un error y que la supresión de las visitas no supone ventaja alguna, sino todo lo contrario”. Ante tal resolución, la madre interpuso recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, el cual fue desestimado.

En conclusión, aunque pueda parecer que al padre no biológico se le reconocen unos derechos, sobre todo de visita, los mismos son generados por la ausencia de progenitor biológico, el cual no los ha peticionado y que para el caso de que lo hubiera hecho, la relación del primero con la que consideró durante años hija suya, se podría ver reducida.

Dpto. Derecho de Familia

Indemnización por despido improcedente

Abocam Abogados ha conseguido una indemnización completa a favor de una Clienta, la cual fue despedida de forma improcedente.

La Fundación Privada que la contrató para trabajar de profesora de primaria, vino imponiéndole contratos temporales de forma abusiva desde que nuestra Clienta empezó a trabajar para ellos en 2014. Durante todo este tiempo, y no obstante la contratación temporal, la trabajadora prestó los mismos servicios como maestra infantil de primaria. Las funciones y tareas desempeñadas se correspondían con las normales, ordinarias y habituales de la actividad de la empresa, sin que concurriera ninguna causa de temporalidad relevante que pudiera justificar la reiterada y manifiestamente abusiva contratación temporal.

Dadas las circunstancias, interpusimos Papeleta de Conciliación en reclamación por despido y en el acto de Conciliación, la Fundación Privada reconoció la improcedencia del despido. Así pues, se comprometió a pagar a nuestra Clienta la máxima indemnización legalmente establecida.

Área de Derecho Laboral

La Audiencia de Córdoba retira la Guarda y Custodia al padre por su adicción al tabaco

En concreto se establece la atribución a la madre de la guarda y custodia de los hijos, que venía siendo compartida. La novedad es, que esta decisión se ampara en la fuerte adicción al tabaquismo del padre que le impide proteger a sus hijos del ambiente cargado de humo, según relató el propio hijo mayor.

A pesar de la polémica que siempre rodea a ciertos hábitos como lo es el tabaco, debe recordarse que los progenitores son adultos y pueden tomar sus propias decisiones, siendo o no acertadas, sin embargo, en cuanto a los menores deben tomarse siempre las más favorables para éstos, tanto por su vulnerabilidad como su indefensión.

Los padres son los garantes del bienestar de sus hijos, y por ello reza la Sentencia: “deben evitar cualquier tipo de situación de riesgo para los menores, es evidente que el proceder del padre pone en situación de peligro la salud de los menores de forma absolutamente irresponsable y sin mirar a otra cosa que no sea a su adicción.” No sería lógico que a los menores no se les protegiera en su hogar de aquello a lo que la sociedad se cuida mucho en proteger para cualquier ciudadano, mayor o menor de edad, cuando hablamos de lugares públicos, centros escolares, de trabajo, sanitarios, etc.

Departamento de Derecho de Familia

Doctrina sobre gastos asociados a un préstamo hipotecario

La Sala de lo Civil del TS, ha fijado doctrina sobre algunas cuestiones relativas a las cláusulas abusivas en contratos con consumidores:

COMISIÓN DE APERTURA:

La comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo, por el contrario el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen partidas del precio del préstamo. Por tanto deben incluirse en el cálculo del TAE.

Por este motivo, solo será objeto de control de transparencia y no del contenido.

GASTOS E IMPUESTOS DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO:

EL pago debe corresponder a la parte que establezca la normativa vigente en cada momento:

1. Arancel Notarial: Los costes de la matriz de la escritura de préstamo debe distribuirse por mitad. La escritura de cancelación de la hipoteca, le corresponde al prestatario.

2. Arancel Registral: La inscripción de la escritura de préstamo la debe pagar el prestamista y la cancelación el prestatario.

3. Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales: Lo debe pagar el prestatario según la Jurisprudencia, dado que existe nueva regulación legal, a partir de la misma, será la entidad bancaria, al no tener efectos retroactivos.

4. Gestoría: Por mitad.

Departamento de Derecho Civil

Reforma de la Ley de Arrendamientos

La reforma de la LAU, solo ha durado 35 días desde su entrada en vigor mediante Real Decreto Ley, al no ser aprobada por el Congreso de los Diputados.

Por dicho motivo, a partir de hoy sigue vigente la LAU de 2013, aunque los contratos que se hayan firmado en este breve periodo, se regirán por el Real Decreto Ley, al ser eficaz desde su publicación en el BOE y no tener efectos retroactivos su derogación.

Esta situación llevará aparejada bastante controversia y resultará claramente “extraño” encontrarnos con incidentes judiciales derivados de un RDL que no preveyó lo que podía pasar en el trámite parlamentario, y que también puede dar lugar a revisiones del TS al respecto de los mismos.

Cualquier consulta al respecto, nos ponemos a su disposición.

Departamento de Derecho Administrativo

Inactividad de la Administración

Se parte de un concepto de inactividad como sinónimo de la falta de contestación a cualquier escrito presentado ante la Administración Pública que resulta ajeno a los previstos en el art. 29 de la LCJA, sobre cuya infracción se sustenta este motivo. En virtud de dicho artículo, si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la Administración.

En cuanto a la falta de ejecución de los actos firmes, los afectados podrían solicitar la ejecución y si no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitaría en forma de procedimiento abreviado.

Es preciso, como requisito de lo previsto en el propio art. 29.1, LCJA, que la persona que pretende su ejecución, además de estar legitimado para ello, reclame previamente a la Administración el cumplimiento de tal obligación y que transcurran tres meses desde tal petición sin darse cumplimiento, por lo que si no se ha realizado esa petición no puede hacerse uso de este cauce por incumplimiento de los requisitos establecidos para actuar frente a la inactividad de la Administración (STS de 9 de abril de 2010).

En definitiva, tiene que tratarse del ejercicio de una acción prestacional dirigida a que la Administración dé cumplimiento a una prestación material concreta, determinada y debida (STS de 18 de noviembre de 2008).

La Sentencia TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 17 de marzo de 2016 determina que relevante en materia de ampliación de plazo de duración de actuaciones es su justificación. Esta justificación desaparece, cuando hay inacción de la Administración antes y después del acuerdo de ampliación del plazo, y cuando los datos obtenidos se demuestran insuficientes e inidóneos por los propios tribunales.

Para que pueda acudirse a la vía contencioso-administrativa es preciso que, conforme a lo establecido en el art. 29.2, LJCA, concurran las siguientes circunstancias:

-Que haya un acto administrativo previo y firme

-Que se haya solicitado su ejecución y no haya sido ejecutado

-Que transcurra un plazo de un mes desde esa solicitud

Departamento de Derecho Administrativo