Coronavirus y testamento

La pandemia del COVID-19 nos está mostrando la realidad de la muerte como una cercanía mucho más real de lo que, hasta ahora, la rutina diaria de nuestras vidas nos podía hacer imaginar.

Por ello cabe plantearse la necesidad de revisar si tenemos bien dispuestas nuestras ultimas voluntades, y si no es así o si ni siquiera las tenemos dispuestas, es un buen momento para planteárselo y hacerlo. Es pues oportuno recordar las formas en que puede otorgarse un testamento, sobre todo en momentos, como éste de pandemia, cuyas circunstancias pueden dificultar el otorgamiento de testamento en la forma clásica, es decir el testamento escrito y suscrito ante Notario, de forma abierta o cerrada.

Pero ante la posibilidad de no tener acceso a los servicios notariales, es bueno recordar otras formas de disponer válidamente de los bienes y derechos para después de la muerte del testador. Y así nos encontramos de una parte, el testamento llamado hológrafo, consistente en disposiciones testamentarias otorgadas de puño, letra y firma por el testador, de manera privada, precisando, en el propio escrito, de la determinación del lugar y fecha del otorgamiento. Las personas interesadas/favorecidas en él, deben protocolizarlo notarialmente dentro de los cuatro años posteriores a la muerte del testador, so pena de caducidad.

Tanto el testamento notarial (abierto o cerrada) como el hológrafo, están contempladas tanto en el Código Civil como en el Còdi Civil de Catalunya.

Y también existe otra forma de testamento, parecida a la anterior, pensada precisamente para situaciones de pandemia como la actual. Es el testamento que prevé el artículo 701 del Código Civil que dice:

“En casos de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años”.

Estamos, más que ante una clase de testamento, ante una manera de testar que el Código Civil permite para casos excepcionales y, de manera temporal por lo que a su validez se refiere, ya que el propio Código Civil, para su eficacia, exige la protocolización notarial en el plazo de dos meses a partir de que el testador haya salido del peligro de muerte o haya cesado la epidemia. Es una figura que, curiosamente, no contempla el vigente Còdi Civil de Catalunya (sí lo hacía la Compilació de Dret Civil de Catalunya), pero la supletoriedad del Código Civil, concede total validez a este tipo de testamentos otorgados en Catalunya.

Área Derecho Civil

Coronavirus y cancelación de viajes

El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de Marzo, sobre medidas urgentes a aplicar por el estado de alarma, contempla la posibilidad de resolución contractual por parte de consumidores y usuarios que, con motivo del COVID-19, hubieran visto cancelado un viaje previamente concertado. La norma establece el derecho de las agencias de viajes a ofrecer a sus clientes un llamado bono para que, por la misma cantidad abonada por el viaje cancelado, y durante el plazo de un año, puedan sustituirlo por un nuevo viaje. Este bono, dice el RDL, deberá estar avalado con el suficiente respaldo financiero que garantice, en su momento, la ejecución del viaje. Pero el citado RDL (confeccionado con la urgencia y prisas que la situación conlleva) no deja de plantear problemas y cuestiones controvertidas.

En primer lugar el supuesto “respaldo financiero” que la norma menciona de manera etérea, nos preguntamos cómo se concreta, porque si no se trata de un aval bancario (de difícil obtención actualmente), es evidente que no va a ser suficiente la garantía de la propia Agencia de viajes.

En segundo lugar el citado derecho de las agencias de viaje a la extensión del bono, lo determina la norma con la expresión verbal “podrá” sin que determine, a su vez, una obligación del consumidor a pasar por la aceptación, sin más, del bono. Es más, el artículo 160.2 de la llamada Ley de Consumidores y Usuarios, norma de rango superior al RDL de medidas del estado de alarma (salvo que éste hubiera sido ratificado por el Congreso y el Senado), da derecho al consumidor a la resolución del contrato y al reembolso completo de cualquier pago realizado (pero no a una compensación adicional), sin pago de penalización, cuando circunstancias inevitables y extraordinarias afecten de forma significativa a la ejecución del viaje.

En tercer lugar el RDL contempla, alternativamente, el derecho del consumidor a ser reintegrado de las cantidades, totales o parciales, que la Agencia de viajes hubiera recibido, en devolución, de los mayoristas u otros agentes e instituciones del tráfico (hoteles, aeropuertos, administraciones públicas, etc.). Aquí se plantea un problema de prueba en el sentido de que la Agencia de viajes deberá proveerse de la documentación acreditativa al respecto (o de la certificación que pruebe la no percepción de cantidad alguna en devolución de adelantos efectuados); y, por parte del consumidor, entendemos la existencia de un derecho a requerir a su Agencia para que le informe y demuestre de tales cantidades percibidas o, en su caso, que le extienda certificación de no haberlas percibido.

Área Derecho Civil

Coronavirus y segunda oportunidad

El previsible alargamiento del confinamiento, aun con las medidas correctoras últimamente acordadas, y la complejidad y retraso de las ayudas económicas sumado a la imprevisibilidad de las ayudas de la Unión Europea, hacen pensar, por desgracia, en un agravamiento de la ya complicadísima situación económica actual del país.

Viene esto a cuento para referirnos a una figura jurídica del ámbito civil/mercantil establecida en la Ley Concursal y en el RDL 1/2015, que ofrece a las personas físicas desterradas del mundo económico/empresarial, la posibilidad de rehacer su actividad, dejando saneadas sus cuentas.

Nos referimos al Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) conocido comúnmente como la Ley de la Segunda Oportunidad que no es otra cosa que la normativa recogida en las disposiciones legales a que hacemos referencia en el párrafo anterior y que ahora, con la crisis económica generada por el coronavirus, cobra una vigencia y actualidad de primer orden.

Se trata, en definitiva, de la posibilidad que la Ley ofrece a todas aquellas personas físicas que, habiendo presentado concurso de acreedores por imposibilidad de satisfacer sus deudas, y habiendo finalizado dicho concurso con la liquidación o con el archivo por insuficiencia de masa patrimonial activa (el llamado concurso exprés), puedan, aun así, presentar un plan de pagos que les permita saldar sus deudas en el plazo de cinco años, sin devengo de intereses, y, a la vez, seguir o iniciar la actividad económica que les permita el sustento necesario.

Son condiciones básicas para la viabilidad de la petición, que la persona que solicite el Plan de pagos (BEPI) no haya sido condenada, en los diez años anteriores, por un delito contra el patrimonio, contra el orden socio-económico, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra el derecho de los trabajadores; o por un delito de falsedad documental; y que no haya rechazado, en los cuatro años anteriores a la presentación del concurso, una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

Cabe decir, para finalizar, que si dentro del plazo de los cinco años antedichos, el deudor viniera a mejor fortuna que le permita hacer frente a sus deudas, o se descubriera que, con anterioridad al BEPI, era titular de patrimonio no declarado, cualquier acreedor podría rescindir el acuerdo y exigir el pago anticipado de las deudas.

Área Derecho Civil/Mercantil

COVID-19. Materia de arrendamientos urbanos

MEDIDAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO: REAL DECRETO-LEY 11/2020, de 31/03

Se han adoptado medidas urgentes en relación a los arrendamientos urbanos, especialmente en lo referido al pago de las mensualidades de alquiler durante el periodo de Estado de Alarma. La entrada en vigor de este Real-Decreto-Ley tendrá lugar el día 2 de abril de 2020.

A) Finalidad del Real Decreto-Ley.
• Estas medidas van dirigidas a personas vulnerables, habrá que revisar la situación de cada persona en cada caso.
• Las medidas deben facilitar los acuerdos entre las partes para permitir el pago de las rentas.
• Se garantiza la protección de los colectivos más vulnerables y, a su vez, se garantiza el equilibrio entre las partes, impidiendo que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores.

Concurrencia conjunta de los requisitos de vulnerabilidad.
• Estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo o que haya reducido su jornada laboral, en el supuesto de ser empresario, por motivo de cuidados u otras circunstancias similares que hayan supuesto una pérdida sustancial de ingresos.
• El conjunto de los ingresos de la unidad familiar, durante el mes anterior a la solicitud de la moratoria o la suspensión de plazos procesales, deberá regirse por el IPREM (537,84€) y de conformidad con cada caso específico.

B) Suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamiento.
El período máximo será de 6 meses, contados desde el día 2 de abril de 2020.

C) Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
• Desde el 2 de abril de 2020 hasta dos meses después de finalizado el estado de alarma.
• Prórroga extraordinaria del contrato por un plazo de 6 meses. La prórroga deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que exista otro acuerdo entre las partes.

D) Moratoria de la deuda arrendaticia: aplazamiento temporal y extraordinario.
Puede solicitarlo el arrendatario de contrato de vivienda habitual que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica y podrá solicitarse a aquellos arrendadores que sean una empresa o entidad pública de vivienda y a los grandes tenedores de viviendas.
Se otorga un aplazamiento de un mes a contar desde el 2 de abril de 2020.
El arrendador deberá optar por alguna de estas dos decisiones comunicándoselo al arrendatario, en un plazo de 7 días laborables:
• Una reducción del 50% de la renta durante el estado de alarma y plazo máx. 4 meses.
• Una moratoria en el pago de la renta durante el estado de alarma,se aplazarán las cuotas no satisfechas mediante el fraccionamiento de cuotas durante al menos 3 años, siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento.

E) Acreditación por el arrendatario de los requisitos necesarios.
• Situación legal por desempleo
• Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia
• Número de personas que habitan en la vivienda habitual
• Titularidad de los bienes
• Declaración responsable del deudor

F) Modificación de las condiciones contractuales cuando el arrendador no es un gran tenedor.
Aplazamiento de la renta.

G) Aprobación de avales por cuenta del Estado para la cobertura de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica.
Se desarrolla una línea de avales con cobertura del Estado.

H) Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico en los alquileres de vivienda habitual.
Cuantía de la ayuda: 900,00 euros/mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito.

I) Vigencia de las medidas previstas en el Real Decreto-Ley:
Las medidas previstas en este Real Decreto Ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma.

Las circunstancias particulares de cada caso tendrán que ser revisadas por un profesional. No dude en contactar con nosotros para estudiar su caso.

Departamento de Procesal Civil

Coronavirus y aprobación de cuentas anuales

El próximo día 31 de Marzo de 2020, terminaba, en principio, el plazo para que los Órganos de administración (Consejos o Administradores) de las sociedades de capital, cumplieran con su obligación de formular las cuentas anuales y la propuesta de distribución/aplicación de resultados.

El DL 463/2020 y, posteriormente el RD 8/2020, reguladores del estado de alarma, suspenden estos plazos estableciéndolos de la siguiente manera:

1. Formulación cuentas anuales: tres meses a partir del levantamiento del estado de alarma. Nada dicen los Decretos respecto al hipotético agotamiento del tiempo transcurrido desde el 01/01/2020 al 17/03/2020, fecha de aprobación del último de ellos, por lo que habrá que interpretar que el plazo se reanuda, de nuevo todo entero, a partir del levantamiento del estado de alarma.

2. Aprobación de cuentas y propuesta de aplicación de resultados: seis meses a partir del levantamiento del estado de alarma.

En los últimos días el Colegio de Registradores de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, han emitido un comunicado conjunto del que se desprende que, aquellas sociedades de capital que ya hubieran formulado las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados y que, incluso, ya hubieran convocado la Junta General para su aprobación, podrán reformular la propuesta de aplicación de resultados.

Por último, digamos que, si bien las Juntas pueden convocarse/celebrarse durante el periodo de vigencia del estado de alarma, no es aconsejable hacerlo salvo que la sociedad cuente con los medios de comunicación informáticos, telemáticos, de videoconferencias y de seguridad, en general, que acrediten, al máximo, la preservación y garantías de accionistas y/o socios. Todo ello puede llevar a un sinfín de impugnaciones de los acuerdos sociales, sobre todo en aquellas sociedades en las que reine o pueda reinar un clima de conflictividad entre órganos de administración, accionistas y/o socios, por lo que, salvo casos de mucha urgencia, es aconsejable posponerlo para una vez levantado el estado de alarma.

Departamento Derecho Mercantil

Estado de alarma y Concurso de acreedores

Como es sabido el Real Decreto 8/2020, sobre la implantación del estado de alarma, establece la suspensión de todos los términos y plazos en materia civil, procesal y administrativa, principalmente, salvo en cuestiones de urgencia que ahora no vienen al caso.

Por lo que se refiere a la Ley 22/2003, SOBRE Concurso de acreedores, y por lo que atañe a la presentación judicial voluntaria del concurso, el artículo 43 del citado Decreto Ley 8/2020, exime, temporalmente, del DEBER de presentar concurso de acreedores para aquellas personas, físicas o jurídicas, que hubieran alcanzado la insolvencia como consecuencia de la crisis del coronavirus, y dentro del periodo de tiempo que se inicia con la declaración del estado de alarma; también queda suspendido el plazo para el llamado preconcurso, es decir, la posibilidad legal de alcanzar un acuerdo de pago con los acreedores. Y, asimismo, queda suspendido el plazo para aquellas otras personas (físicas y jurídicas) que ya estuvieran en estado de insolvencia con anterioridad a la declaración del estado de alarma, sin perjuicio todo ello del inicio del plazo del deber de presentarlo, una vez levantado el estado de alarma, con agotamiento, en el segundo supuesto, del tiempo ya transcurrido con anterioridad a dicho estado.

Pero lo que no suspende el Decreto Ley de estado de alarma, es el DERECHO de solicitar la declaración voluntaria de concurso, lo que nos lleva a una cuestión muy interesante cual es la posibilidad de las personas físicas o jurídicas, de acogerse a lo contemplado en el artículo 2.3 de la Ley Concursal, es decir, la solicitud de declaración de concurso por insolvencia inminente, aquella situación que, como consecuencia del hecho extraordinario de la crisis del coronavirus, permita al deudor prever que no podrá cumplir regular o puntualmente sus obligaciones de pago.

Lógicamente esta situación de la llamada solvencia inminente, deberá probarse a través de las correspondientes pruebas contables, mercantiles y fiscales, y de todas aquellas a que hubiere lugar.

Departamento Derecho Mercantil

Reclamaciones al Estado por responsabilidad patrimonial

La responsabilidad en materia de asistencia sanitaria pública es aquella derivada del funcionamiento normal o anormal de la sanidad pública. En el momento en que nos encontramos, sin perjuicio de que es una situación nueva y desconocida, sin precedentes, debemos detenernos a pensar si el Estado ha protegido adecuadamente a sus ciudadanos, y si ha adoptado en tiempo y forma todas las precauciones necesarias para prevenir y dotar de medios a la sanidad pública para paliar el contagio masivo de los ciudadanos.

La responsabilidad civil, administrativa o penal, en cada caso puede y debe valorarse por las acciones u omisiones de la actividad o conductas o por la inactividad causante del resultado daños o cuando existía deber de actuar (omisión), siendo el nexo causal entre el resultado dañoso y la antijuricidad de la conducta.

El Estado Español, en este caso, debe responder frente al daño causado a sus ciudadanos, por omisión, desde que la OMS lanzó el aviso de posible pandemia el 30 de enero de 2020 y que se debían adoptar medidas que no se adoptaron.

POR ELLO ABOCAM ABOGADOS, ESTÁ PREPARANDO UNA DEMANDA COLECTIVA PARA LOS AFECTADOS INTERESADOS EN RECLAMAR POR LOS DAÑOS SUFRIDOS. SI DESEA APUNTARSE A NUESTRO LISTADO DE DAMNIFICADOS, PUEDE REALIZARLO SIN COSTE Y ANALIZAREMOS CADA CASO A LOS EFECTOS DE ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE CADA RECLAMACIÓN. UNA VEZ ANALICEMOS Y VALOREMOS CADA CASO, PREPARAREMOS LOS TRÁMITES DE DEMANDA E INFORMAREMOS DE LOS POSIBLES COSTES DE TRAMITACIÓN.

PUEDE APUNTARSE ENVIANDO UN CORREO ELECTRÓNICO A: info@abocamabogados.com

Dirección Abocam Abogados. Departamento de Derecho Público