Suspensión del régimen de visitas de los menores por indicios de “vido” o “vige”

El pasado mes de junio se modificó el artículo 94 del Código Civil. Debido a este cambio, el juez puede dar la suspensión del régimen de visitas sobre los progenitores que “esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos” o, “advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género”. En otras palabras, el juez puede suspender el régimen de visitas de cualquiera de sus progenitores que tengan abierto un procedimiento judicial por violencia de género o doméstica.

Lo que a simple vista parece una protección absoluta del bienestar del menor, puede ser utilizado con finalidades opuestas a la intención del legislador, es decir, pueden generarse procedimientos entre las partes cuya finalidad sea la obstaculización del contacto entre los progenitores e hijos o tomar ventaja en la lucha por la custodia de estos. 

Podría convertirse en un recurso fácil, ya que los sentimientos entre algunos progenitores llegan a cegar a los mismos de aquello que es importante y preferente, es decir, el bienestar del menor.

Por lo tanto, esta reforma genera un castigo automático para la persona investigada, lo que es a todas luces una indefensión de la presunción de inocencia, pues nadie es culpable hasta que se declare judicialmente en sede penal. 

En conclusión, las decisiones judiciales deberán ser muy minuciosas respetando cada caso y otorgando una resolución motivada y enfocada a lo mejor para el menor. 

Área de Derecho de Familia

Acuerdo alcanzado con Institut Guttmann por daños y perjuicios causados

Abocam Abogados, ha obtenido un acuerdo favorable frente a Institut Guttmann, por la existencia de daños y perjuicios a nuestro Cliente, sobre el tratamiento que estaba siguiendo por la enfermedad que padece.

Nuestro Cliente, era paciente desde el año 1990 en dicha Entidad de renombre, tras sufrir una tetraplejia -lesión medular-. Para este tipo de casos en concreto, y a fin de obtener una mejoría en su calidad de vida y regular su alto grado de disreflexia (problema potencialmente mortal, que se manifiesta en dolor o incomodidad por debajo del nivel de la lesión de su médula espinal), es portador de una bomba de baclofeno, que consigue calmarle el dolor.

Sin embargo, dicho tratamiento fue interrumpido súbitamente por Institut Guttmann, debido a un retraso injustificado en la implantación quirúrgica del recambio de su bomba de baclofeno, a sabiendas de que dicha bomba había llegado al final de su vida útil. Es importante remarcar que, dicha interrupción imprevista, puede producir trastornos graves en el sistema nervioso del paciente, tal y como ocurrió con nuestro Cliente.

Este despacho profesional, tras instar denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Badalona y llevar a cabo la práctica de todas las diligencias solicitadas en fase de instrucción, el Juez acordó continuar la tramitación del procedimiento por desprenderse que los hechos eran constitutivos de delito.

A la vista de dicho acontecimiento, Institut Guttman y el profesional responsable de dichos daños producidos a nuestro Cliente, con el objeto de poner fin al procedimiento iniciado, se obtuvo un acuerdo, a través del cual nuestro Cliente recibió una indemnización.

Área de Procesal Civil

El Ayuntamiento indemniza a una propietaria por los daños causados por las raíces de un árbol en su vivienda

Abocam Abogados, ha obtenido resolución administrativa favorable a los intereses de nuestro Cliente, en relación a una reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta ante el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, por los daños ocasionados en una vivienda a causa de las raíces de un árbol situado en la vía pública que provocaron el levantamiento del suelo de la misma.

En el supuesto descrito existía un título de imputación claro que se enmarca en la competencia municipal consistente en la conservación y rehabilitación de la zona urbana. Por ello, la reclamación se fundamentaba en la obligación del Ayuntamiento de mantener la vía pública en condiciones adecuadas y, en este caso, de evitar que el crecimiento de las raíces llegara al interior de la vivienda.

Tras la presentación de la reclamación, se dictó Decreto por el Ayuntamiento que la estimaba parcialmente, concediendo una indemnización de 7.771,79€. Contra dicho Decreto, interpusimos Recurso Potestativo de Reposición solicitando la realización de una nueva valoración del estado de la vivienda y que se reconociera la totalidad de la indemnización vista la gravedad del siniestro y los perjuicios ocasionados. 

Finalmente, se dictó nuevo Decreto que estimaba parcialmente el Recurso interpuesto e incrementaba el importe de la indemnización a 13.391,87€ en concepto de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.

Área de Derecho Administrativo

Reclamación devolución arras penitenciales a la Compradora

Abocam Abogados, ha obtenido sentencia favorable con relación a la devolución de la cuantía entregada por nuestra Clienta en concepto de arras penitenciales, de conformidad con la Sentencia 156/2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Mataró.

El objeto del procedimiento versa sobre la reclamación de cantidad como consecuencia del incumplimiento por parte de la demanda respecto del contrato de arras concertado entre las partes, por una futura compraventa de un inmueble.

Existe la regla general que recoge que, si el comprador desiste del contrato, pierde las arras entregadas, salvo que el desistimiento esté justificado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 621-49 del Código Civil de Catalunya; y en el caso que nos ocupa, dicha cláusula fue incluida y admitida expresamente por las partes en el citado contrato de arrendamiento.

Dicha cláusula prevé que, si el contrato de compraventa dispone la financiación de todo o parte del precio por una entidad de crédito, el comprador, salvo pacto en contrario, puede desistir del contrato si justifica documentalmente, en el plazo pactado, la negativa de la entidad designada a conceder la financiación o a aceptar la subrogación del comprador en la hipoteca que grava el inmueble, salvo que la denegación se derive de la negligencia del comprador.

Cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley, de conformidad con la prueba aportada documentalmente y practicada en sede de vista, la citada Sentencia estimó íntegramente la demanda interpuesta por esta dirección letrada, condenando a la demandada a la devolución de los 40.000,00€ entregados en concepto de arras penitenciales, más los intereses legales devengados y las costas procesales del procedimiento.

Área de Procesal Civil

Se declara nula la cláusula de comisión de apertura de Caixabank

Abocam Abogados, ha obtenido sentencia favorable a los intereses de nuestro Cliente en relación a las cláusulas de comisión de apertura y de gastos hipotecarios, de conformidad con la sentencia dictada por el TJUE en fecha 16 de julio de 2020. En este caso, nuestro Cliente tenía una vinculación contractual con la entidad bancaria CAIXABANK, S.A.

La sentencia declara nula la comisión de apertura, al no considerarse una prestación esencial del contrato, pues se trata de una cláusula de carácter accesorio.

Asimismo, declara nula la cláusula de gastos hipotecarios, la cual se encuentra en la estipulación quinta del préstamo hipotecario suscrito entre las partes, al tratarse de una cláusula absolutamente inconcreta, imprecisa y genérica, que provoca una situación de desequilibrio en perjuicio del consumidor.

Área de Procesal Civil

Estimación de desahucio por expiración legal del contrato de arrendamiento

Abocam Abogados, ha obtenido una sentencia favorable a los intereses de nuestro Cliente, ya que el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona ha declarado en su sentencia 176/2021 el desahucio por expiración del plazo contractual.

La expiración del término convencional o el que se fija para duración de los arrendamientos constituye una causa de resolución del contrato prevista en el artículo, 16.3 de la vigente Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

El requisito esencial para la decisión del Juzgado es la expiración del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y el impago del alquiler.

Una vez acreditados ambos extremos por este despacho, se cumplen de modo objetivo los requisitos esenciales para proceder al desahucio, motivo por el cual el juzgado estimó la demanda formulada instando el desahucio por expiración del plazo contractual, y ordenando el desahucio del demandado y condenando al mismo a que dentro del plazo legal estipulado deje libre y a disposición de la propiedad la vivienda.

Por consiguiente, se declaró la resolución del contrato de arrendamiento por expiración del plazo, así como al pago de 917,83€ en concepto de contraprestación por uso, y aquellas rentas que se fueren devengando, junto a los suministros hasta la entrega de la posesión efectiva de la vivienda, e imponiendo las costas del juicio a la parte demandada.

Área de Procesal Civil

Ayuda económica a la propiedad por suspensión del desahucio

El pasado 10 de junio de 2021, entró en vigor el Real Decreto 401/2021 de 8 de junio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué ayudas se regulan en este Decreto?

El citado Decreto viene a regular una compensación económica a los propietarios de aquellos inmuebles arrendados, cuyo procedimiento de desahucio y lanzamiento han sido suspendidos por los jueces en defensa de las familias y colectivos vulnerables.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda?

Si se cumplen con los requisitos, podrán pedir la ayuda tanto los pequeños como los grandes propietarios, es decir, ya tenga pocos o muchos inmuebles.

¿Cómo se tramita?

La norma dispone que se iniciará a instancia de parte, mediante la correspondiente solicitud, que podrá presentarse hasta el 9 de septiembre de 2021. Debiendo dirigirse dicha solicitud al órgano competente en materia de vivienda de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Será preciso que, en caso de suspensión del lanzamiento, el propietario acredite el perjuicio económico que le ha ocasionado al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble.

¿Cuál es el plazo máximo para resolver la solicitud?

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será de tres meses, excepcionalmente prorrogables por tres meses más.

Para más información, no dude en consultar con este despacho profesional.

Área de Procesal Civil