Extinción del derecho de uso de la vivienda familiar por convivencia

Uno de los temas de mayor interés por parte de los Clientes que tienen una sentencia de hace años, es cuando se acaba el derecho de la esposa a usar la vivienda, que normalmente es de los dos, y en el peor de los casos de uno solo.

Durante los últimos años existe jurisprudencia menor, al respecto de la limitación del derecho de uso para la igualdad de las partes a poder rehacer su vida, pues abonar la mitad de la hipoteca y un alquiler, desde hace un tiempo, es un lujo que pocos se pueden permitir.

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo ha dictado una resolución, en la que se extingue el derecho de uso al convivir la esposa con su nueva pareja, lo que supone que la vivienda familiar pierde su condición de familiar, y el esposo no debe sustentar esta nueva familia.

Para el caso de que tenga una sentencia con derecho de uso al otro cónyuge, no dude en consultarnos.

Departamento de Derecho de Familia

Hipotecas, nulidad de cláusulas

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los efectos de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado tras las sentencias y autos del TJUE. La sentencia del Pleno de la Sala Primera ha sido acordada por unanimidad. Autor: Comunicación Poder Judicial.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha notificado hoy la sentencia, acordada por unanimidad, en la que se pronuncia acerca de los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios, en línea con lo planteado en su día al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo resuelto por éste.

En aplicación de los criterios facilitados por el TJUE -en la STJUE de 26 de marzo de 2019 y los autos de 3 de julio de 2019- para determinar si es posible la subsistencia del contrato, la Sala entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato.

Ahora bien, esa nulidad total expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Para evitar estas consecuencias, el TJUE ha admitido que la cláusula abusiva se sustituya por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado, en referencia al art. 693.2 LEC en su redacción del año 2013. No obstante, la Sala ha considerado más lógico, en el momento actual, tener en cuenta la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), como norma imperativa más beneficiosa para el consumidor.

Por último, la Sala facilita las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

2.- Los procesos en que el préstamo se dio vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

3.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI.

Área de Derecho Bancario

Las niñas se quedan en Barcelona

Ese es a groso modo el resumen de la resolución dictada por un Juzgado de Primera Instancia, tras la solicitud del padre de guarda y custodia exclusiva, que implicaba el cambio de residencia a Madrid. En este caso, el Despacho defendía los intereses de la madre.

La citada resolución fija como hechos probados el buen hacer de la madre en cuanto al cuidado de las menores, así como su dedicación en la educación, salud o atención, y que estaban siendo cuestionadas por el padre.

La exploración de las menores demostró, además del interés de las niñas en seguir residiendo en su localidad y acudir a su escuela, la existencia de mentiras en el Plan de Parentalidad propuesto por el padre, así como una falta de concreción del mismo, lo que no podía producir un cambio de las medidas en vigor.

En consecuencia, el Juez ha decidido mantener el mismo sistema de custodia materna, así como el régimen de visitas para el padre, en beneficio del bienestar de las menores.

Departamento de Derecho de Familia

Se condena a los abuelos a pagar la pensión de alimentos

El Tribunal Supremo ratificó el Auto de la Audiencia Provincial en el que condenaba a los abuelos a colaborar con 100€ mensuales en la manutención de sus nietos.

Los progenitores de los menores estaban divorciados desde el año 2015 y el padre en la actualidad está ingresado en prisión.

Entiende el Supremo que la situación económica de los abuelos les permite contribuir a la manutención de los pequeños. “La obligación de prestar alimentos entre parientes encuentra su razón de ser en el principio de solidaridad familiar, que tiene cobertura de rango institucional”, recoge la sentencia.

Departamento de Derecho de Familia

Autorización judicial para vacunar a los hijos

Son un tema habitual en los Juzgados los conflictos de patria potestad. En este caso el padre acudió a los Tribunales a solicitar consentimiento para vacunar a los menores de edad, porque la madre no lo permitía. Sorprendía que los hijos tuvieran parte de las vacunas puestas, aunque no todas, por decisión conjunta durante la convivencia.

La decisión que proviene de la AP de Pontevedra y que confirma la de Primera Instancia entiende que “los beneficios de las vacunas son innegables” y prima el interés de los menores por encima de la decisión de los progenitores, pues “No solo se acredita des del punto de vista médico que las vacunas causen perjuicio a la salud sino que por el contrario, la mayoría de los estudios científicos sobre la materia concluyen que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional”.

Esta decisión está en consonancia en otras que siguen la línea de la protección de la población, como la del 8 enero de 2019 del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 16 de Barcelona, que estimaba la decisión de una guardería pública del Maresme, al denegar la matricula a un niño no vacunado. Entre los argumentos que esgrimió la Juez, se exponía que “los padres del menor no vacunado pretenden que los niños matriculados en la guardería asuman el riesgo de una decisión unilateral y no fundamentada en la evidencia consensuada por la comunidad científica nacional e internacional”.

En todo caso, el debate está servido.

Departamento de Derecho de Familia

¿Debo pagar los libros y material escolar si ya pago la pensión de alimentos?

Esta es una de las grandes dudas que asalta a los que están obligados a pagar una pensión de alimentos. Y a las alturas de año que nos encontramos, cada vez hay más confusión con lo que uno tiene derecho a reclamar y otro, obligación de pagar.

Para abordar este tema, debemos partir de la base de que existe una obligación por parte uno de los progenitores, de abonar una pensión de alimentos. Efectivamente, aunque alguno de los ítems serían válidos en casos de custodia compartida con cuenta conjunta, el presente artículo está organizado para sistema de guarda exclusiva a un progenitor, con obligación de pago de pensión de alimentos por parte del otro.

Aunque no podemos elaborar un listado de todos los gastos extraordinarios porque sería extensísimo, si analizamos la definición de éstos, nos dará la respuesta a si debemos o no abonarlo.

El gasto extraordinario es aquel imprevisible, no periódico, y ocasional. Son aquellos gastos que se salen de lo común, que pueden surgir por necesitarlos los menores, o puede que nunca se den. Y precisan, generalmente, del consentimiento previo del otro progenitor.

Con esta definición jurisprudencial, podemos concluir que en general NO SON gastos extraordinarios, y por ende quedan incluidos dentro de la pensión de alimentos que se paga mensualmente:

• Guardería o mensualidad del centro educativo

• Libros, material escolar

• Comedor escolar

• Excursiones escolares, convivencias

Si tiene cualquier duda sobre su situación, contáctenos, revisaremos su Sentencia y le asesoramos.

Departamento de Derecho de Familia

Derecho de Opción en Catalunya

Se ha definido como un precontrato, en principio unilateral, en virtud del cual una parte concede a la otra la facultad exclusiva de decidir sobre la celebración o no del contrato principal de compraventa, que habrá de realizarse en un plazo cierto y en unas determinadas condiciones, pudiendo también ir acompañado del pago de una prima por parte del optante.

El derecho de opción de compra es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a vender a otra persona una cosa bajo ciertas condiciones contractualmente previstas. Así, el concedente del derecho de opción (vendedor) queda obligado a vender, mientras que el optante (comprador) decidirá si finalmente compra o no.

En virtud del contenido del art. 568-8 del Codi Civil de Catalunya, Libro V, Ley 5/2006, de 10 de mayo:

•El derecho real de opción puede constituirse por un tiempo máximo de diez años.

•Dicho derecho podrá ser transmitido a terceros salvo que se haya concedido de forma considerada a su titular, o se disponga limitación a dicho derecho.

•Los propietarios, salvo que estuviere arrendado el bien al propio optante, deberá conservar con diligencia el bien sujeto a opción y responden por el deterioro del mismo.

•Los optantes tendrían derecho a inspeccionar el bien y comprobar su estado de conservación.

•Los frutos pendientes y las mejoras y accesiones introducidas por los propietarios también pertenecería a los optantes, sin obligación de pagar su importe.

Fiscalmente, el derecho de opción de compra es hecho imponible en la modalidad de TPO y AJD.

Para determinar cuando la opción de compra queda sujeta a la modalidad de TPO o bien a la de AJD debemos fijarnos en la cualidad del concedente de la opción, que será aquel que sea titular del inmueble sobre el cual recaerá el derecho de opción de compra.
Así, si la opción de compra es concedida por un sujeto pasivo de IVA sobre un bien afecto a su actividad profesional constituye una prestación de servicios sujeta a IVA. En consecuencia, si la opción de compra se refiere a bienes inmuebles y consta en escritura pública, quedará sujeta a AJD.
Por lo que hace al tipo de gravamen, este dependerá del bien objeto de la opción dado que ésta se equipara a la compraventa a estos efectos (art. 14.2 de la LTPOAJD). Así, si la opción recae sobre un inmueble y el concedente es un particular, el derecho de opción quedará sujeto a la modalidad de TPO al 10 por ciento.

Por el contrario, si el derecho de opción es concedido por un particular y el derecho de opción recae sobre un bien mueble, quedará sujeto a la modalidad de TPO al 5 por ciento.
Por lo que hace a su régimen en la modalidad de AJD, las opciones sujetas a dicha modalidad, por ser el concedente sujeto pasivo de IVA, referirse a inmuebles y formalizarse en escritura pública, reuniendo, claro está, los requisitos del art. 14 del RH, quedarán sujetas a AJD al 1,5 por ciento.

Siendo que existe una creciente demanda de Clientes que requieren de asesoramiento en esta materia, creemos que este artículo puede dar indicadores muy generales, pero orientativos de datos que deben ser tenidos en cuenta antes de decidir la figura contractual elegida para la adquisición de un bien o para la firma de un futuro contrato.

Àrea de Derecho Civil Inmobiliario