Se condena a los abuelos a pagar la pensión de alimentos

El Tribunal Supremo ratificó el Auto de la Audiencia Provincial en el que condenaba a los abuelos a colaborar con 100€ mensuales en la manutención de sus nietos.

Los progenitores de los menores estaban divorciados desde el año 2015 y el padre en la actualidad está ingresado en prisión.

Entiende el Supremo que la situación económica de los abuelos les permite contribuir a la manutención de los pequeños. “La obligación de prestar alimentos entre parientes encuentra su razón de ser en el principio de solidaridad familiar, que tiene cobertura de rango institucional”, recoge la sentencia.

Departamento de Derecho de Familia

Autorización judicial para vacunar a los hijos

Son un tema habitual en los Juzgados los conflictos de patria potestad. En este caso el padre acudió a los Tribunales a solicitar consentimiento para vacunar a los menores de edad, porque la madre no lo permitía. Sorprendía que los hijos tuvieran parte de las vacunas puestas, aunque no todas, por decisión conjunta durante la convivencia.

La decisión que proviene de la AP de Pontevedra y que confirma la de Primera Instancia entiende que “los beneficios de las vacunas son innegables” y prima el interés de los menores por encima de la decisión de los progenitores, pues “No solo se acredita des del punto de vista médico que las vacunas causen perjuicio a la salud sino que por el contrario, la mayoría de los estudios científicos sobre la materia concluyen que los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional”.

Esta decisión está en consonancia en otras que siguen la línea de la protección de la población, como la del 8 enero de 2019 del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 16 de Barcelona, que estimaba la decisión de una guardería pública del Maresme, al denegar la matricula a un niño no vacunado. Entre los argumentos que esgrimió la Juez, se exponía que “los padres del menor no vacunado pretenden que los niños matriculados en la guardería asuman el riesgo de una decisión unilateral y no fundamentada en la evidencia consensuada por la comunidad científica nacional e internacional”.

En todo caso, el debate está servido.

Departamento de Derecho de Familia

¿Debo pagar los libros y material escolar si ya pago la pensión de alimentos?

Esta es una de las grandes dudas que asalta a los que están obligados a pagar una pensión de alimentos. Y a las alturas de año que nos encontramos, cada vez hay más confusión con lo que uno tiene derecho a reclamar y otro, obligación de pagar.

Para abordar este tema, debemos partir de la base de que existe una obligación por parte uno de los progenitores, de abonar una pensión de alimentos. Efectivamente, aunque alguno de los ítems serían válidos en casos de custodia compartida con cuenta conjunta, el presente artículo está organizado para sistema de guarda exclusiva a un progenitor, con obligación de pago de pensión de alimentos por parte del otro.

Aunque no podemos elaborar un listado de todos los gastos extraordinarios porque sería extensísimo, si analizamos la definición de éstos, nos dará la respuesta a si debemos o no abonarlo.

El gasto extraordinario es aquel imprevisible, no periódico, y ocasional. Son aquellos gastos que se salen de lo común, que pueden surgir por necesitarlos los menores, o puede que nunca se den. Y precisan, generalmente, del consentimiento previo del otro progenitor.

Con esta definición jurisprudencial, podemos concluir que en general NO SON gastos extraordinarios, y por ende quedan incluidos dentro de la pensión de alimentos que se paga mensualmente:

• Guardería o mensualidad del centro educativo

• Libros, material escolar

• Comedor escolar

• Excursiones escolares, convivencias

Si tiene cualquier duda sobre su situación, contáctenos, revisaremos su Sentencia y le asesoramos.

Departamento de Derecho de Familia

Derecho de Opción en Catalunya

Se ha definido como un precontrato, en principio unilateral, en virtud del cual una parte concede a la otra la facultad exclusiva de decidir sobre la celebración o no del contrato principal de compraventa, que habrá de realizarse en un plazo cierto y en unas determinadas condiciones, pudiendo también ir acompañado del pago de una prima por parte del optante.

El derecho de opción de compra es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a vender a otra persona una cosa bajo ciertas condiciones contractualmente previstas. Así, el concedente del derecho de opción (vendedor) queda obligado a vender, mientras que el optante (comprador) decidirá si finalmente compra o no.

En virtud del contenido del art. 568-8 del Codi Civil de Catalunya, Libro V, Ley 5/2006, de 10 de mayo:

•El derecho real de opción puede constituirse por un tiempo máximo de diez años.

•Dicho derecho podrá ser transmitido a terceros salvo que se haya concedido de forma considerada a su titular, o se disponga limitación a dicho derecho.

•Los propietarios, salvo que estuviere arrendado el bien al propio optante, deberá conservar con diligencia el bien sujeto a opción y responden por el deterioro del mismo.

•Los optantes tendrían derecho a inspeccionar el bien y comprobar su estado de conservación.

•Los frutos pendientes y las mejoras y accesiones introducidas por los propietarios también pertenecería a los optantes, sin obligación de pagar su importe.

Fiscalmente, el derecho de opción de compra es hecho imponible en la modalidad de TPO y AJD.

Para determinar cuando la opción de compra queda sujeta a la modalidad de TPO o bien a la de AJD debemos fijarnos en la cualidad del concedente de la opción, que será aquel que sea titular del inmueble sobre el cual recaerá el derecho de opción de compra.
Así, si la opción de compra es concedida por un sujeto pasivo de IVA sobre un bien afecto a su actividad profesional constituye una prestación de servicios sujeta a IVA. En consecuencia, si la opción de compra se refiere a bienes inmuebles y consta en escritura pública, quedará sujeta a AJD.
Por lo que hace al tipo de gravamen, este dependerá del bien objeto de la opción dado que ésta se equipara a la compraventa a estos efectos (art. 14.2 de la LTPOAJD). Así, si la opción recae sobre un inmueble y el concedente es un particular, el derecho de opción quedará sujeto a la modalidad de TPO al 10 por ciento.

Por el contrario, si el derecho de opción es concedido por un particular y el derecho de opción recae sobre un bien mueble, quedará sujeto a la modalidad de TPO al 5 por ciento.
Por lo que hace a su régimen en la modalidad de AJD, las opciones sujetas a dicha modalidad, por ser el concedente sujeto pasivo de IVA, referirse a inmuebles y formalizarse en escritura pública, reuniendo, claro está, los requisitos del art. 14 del RH, quedarán sujetas a AJD al 1,5 por ciento.

Siendo que existe una creciente demanda de Clientes que requieren de asesoramiento en esta materia, creemos que este artículo puede dar indicadores muy generales, pero orientativos de datos que deben ser tenidos en cuenta antes de decidir la figura contractual elegida para la adquisición de un bien o para la firma de un futuro contrato.

Àrea de Derecho Civil Inmobiliario

Me voy de viaje con mis hijos. ¿Aviso al otro progenitor?

En estas fechas son varias las consultas acerca de la necesidad de salir de viaje con los menores de edad, y la documentación necesaria para ello. En este artículo analizamos las diferentes opciones para disfrutar de las merecidas vacaciones.

1) La regla general es que los menores pueden viajar fuera del territorio nacional siempre que no estén cerradas las fronteras. En la sentencia de guarda y custodia o de divorcio se incluyen las medidas y podría haberse incluido una medida cautelar de cierre de fronteras. En cuyo caso con bastante antelación al viaje, deberá solicitarse levantamiento de fronteras al juez que dictó esa medida.

2) Para el resto de casos, podremos viajar acompañados de los menores fuera del territorio nacional siempre y cuando se tenga una autorización del otro progenitor. Tal como el Ministerio de Asuntos Exteriores refiere cada menor de 18 años debe llevar su autorización expresa en caso de que el viaje que vaya a realizar no incluya a uno o ambos de los progenitores.

Esta autorización es un permiso legal para salir de España, fija el tiempo de durada del viaje y la firma de ambos progenitores. Y debe estar sellado por la Policía para que tenga validez y debe presentarse junto con el pasaporte del menor ante los agentes de aduana o en el checking de la compañía aérea.

Siempre es necesaria la autorización de los dos progenitores o del tutor en caso de haberlo, para salir con un menor fuera de España.

3) También es preciso este permiso en el caso de que el menor viaje solo al extranjero, con uno solo de los progenitores, o bien con familiares pero sin los progenitores (caso de viaje con abuelos, tíos, etc).

El permiso legal se puede tramitar en cualquier comisaria de Policía Nacional, es gratuito y tiene una validez de 30 días desde su expedición.

4) En el caso de que no viajemos al extranjero, si la sentencia no dice lo contrario, solo deberemos avisar e informar al otro progenitor. Pero si es preciso tomar un avión, aunque ello no comporte salir del territorio nacional, se recomienda para evitar confusiones con las cías. aéreas, la comunicación por escrito y firmada del otro progenitor, y el DNI del menor, pues con el Libro de Familia no se podrá hacer el checking.

Con todas estas recomendaciones, ¡les deseamos que disfruten de las vacaciones!

Departamento de Derecho de Familia

Condena al Estado por daños y perjuicios

Abocam Abogados ha obtenido para su Cliente, un Auto del Tribunal Supremo, de fecha 23.4.2019, por el cual acuerda anular el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desestimaba la petición de indemnización a nuestro Cliente por la responsabilidad patrimonial derivada de los daños y perjuicios del abono del IVMDH.

La indemnización se integra por la suma de todas las cantidades abonadas durante la vigencia del Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos contrario al Derecho de la Unión Europea.

Asimismo se abonarán los intereses legales de la cantidad reclamada.

Esta parte solicitó la extensión de los efectos de la sentencia dictada en el recurso 194/2015, al concurrir la identidad objetiva exigida por el art. 37.2 de la LJCA.

Por todo ello, la Sala declaró el deber de la Administración General del Estado de indemnizar a nuestro Cliente por las importantes cantidades reclamadas. En fecha 8.7.2019 se ha declarado la firmeza de la resolución.

Departamento de Derecho Público

Sentencia de IBIS

Abocam Abogados ha obtenido una sentencia estimatoria para su Cliente, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Girona, contra la Xarxa Local de Municipis de Girona (XALOC).

El Xaloc reclamaba a nuestro Cliente, una suma muy importante de dinero por IBIS anteriores a la adjudicación en concurso de un hotel.

La sentencia anula las liquidaciones de IBI, por entender que al transmitir la unidad productiva de la finca adquirida, y no tener relación con la concursada, se aplican los efectos del art. 93.2 de la LC, y no tiene obligación alguna de pagar los créditos no satisfechos por la concursada antes de la transmisión, por lo que no puede aplicarse la excepción contemplada en el art. 146 bis 4 de la Ley Concursal.

A mayor abundamiento, la sentencia remarca el hecho de que la Administración demandada no optó por buscar otro deudor, solidario o subsidiario; es decir, que no se decidió a perseguir bienes del deudor o derivar responsabilidad a un tercero, sino que se limitaba a ejecutar la hipoteca que garantiza la deuda.

Departamento de Derecho Público