Decisión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD)

El Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ha decidido, por escaso margen de votos, la unificación de doctrina en relación con la parte obligada al pago del IAJD que grava el otorgamiento de los préstamos hipotecarios.

Tres sentencias recientes de la Sección de Derecho Fiscal de dicha Sala habían declarado la obligación de pago a cargo de las entidades financieras otorgantes del crédito hipotecario por entender que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, eran la parte interesada/beneficiaria del negocio jurídico consistente en el préstamo con garantía hipotecaria y declararon nulo el artículo del Reglamento de la Ley, que imponía dicha obligación al prestatario.

Se convocó con urgencia el Pleno de la Sala para revisar el citado criterio doctrinal (que no las tres Sentencias, pues eran inamovibles) y, en su caso, proceder a su rectificación volviendo al criterio anterior. Dicha decisión final, como era de esperar ha provocado, lógicamente, un alud de críticas y el rechazo popular, en general.

Pero, a pesar del repetido acuerdo del Pleno, entendemos que las puertas de la reclamación no habrían quedado cerradas definitivamente para instar reclamaciones de los clientes de los bancos y de las entidades financieras con respecto al pago del repetido IAJD.

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Departamento de Procesal Civil

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

Abocam ha obtenido sentencia del Juzgado de lo Penal nº 26 de Barcelona de fecha 17.10.2018 que absuelve a nuestro cliente de un delito de resistencia a los agentes de la autoridad. Según la denuncia policial, nuestro defendido se zafó y empujó al agente que quería identificarle, abandonando a la carrera el lugar de los hechos.

A pesar de que no se aportó a la causa ninguna diligencia de identificación del acusado y de que éste únicamente fue identificado de forma referencial, no por los agentes actuantes sino por un agente del dispositivo de apoyo que acudió minutos después y se mantuvo a distancia, la Jueza admite que el acusado estaba en el lugar de los hechos.

No obstante, después de practicadas todas las declaraciones de los agentes intervinientes en el acto de Juicio Oral, se absuelve al acusado del delito por el que se le acusaba porque declara probado que la conducta llevada a cabo en este caso debe reputarse mínima, y actualmente tal resistencia pasiva de carácter leve contra agentes se encuentra despenalizada a raíz de la reforma del Código Penal de 2015, pasando a considerarse como infracción administrativa.

Departamento de Derecho Penal

ICOs, NUEVA FORMA DE FINANCIACIÓN

Las tendencias funcionales de la tecnología Blochain están apropiándose y modificando gradualmente las relaciones contractuales, comerciales y financieras de las operaciones de inversión. En esta tendencia, el ICO se ofrece como un sistema parecido al crowfunding, para financiar un proyecto concreto, de forma que el inversor o financiado obtiene no una acción, participación o porcentaje de la propiedad de un proyecto, sino una criptomoneda.

La llamada Cripto-Token (ficha), da derecho sobre un determinado bien o proyecto, diferenciándose de los bitocoins, en que estos se consideran monedas y las tokens son derechos sobre bienes. Dentro de la categoría de Token, podemos diferenciar los Security Tokens (valores negociables) y los Utility Tokens (valores de utilidad). La diferencia estaría en que los Security darían derecho a recibir beneficios, interés o parte de la propiedad y los Utility darían derecho a percibir un servicio prestado por el promotor (producto o servicio).

La garantía estaría prestada por el servicio de seguridad encriptada de la tecnología blochain que validaría las transacciones de la criptomoneda y daría seguridad jurídica, anonimato y abstracción sin necesidad de contratos ni intervenciones de terceros.

En este tipo de operaciones, al alza, desaparecen agentes como entidades bancarias y plataformas de canje de monedas, últimamente muy cuestionadas.

Dentro de este nuevo marco de contratación, pueden surgir, como en toda operación de inversión diversos riesgos que deben ser tenidos en cuenta, como posibles fallos informáticos, falta de regulación legal, posibles fraudes, cuestiones fiscales y los propios riesgos del proyecto en el que se invierta. Habrá que analizar cada proyecto para poder determinar si cumplen con las normas de regulación de emisiones públicas de valores, blanqueo de capitales, etc.

Área de Derecho de las Nuevas Tecnologías

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados de los préstamos hipotecarios

La Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo del TS, en un recurso interpuesto por la empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid SA ha cambiado, en principio, el criterio jurisprudencial sobre el obligado al pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios, al establecer que son las entidades bancarias las que deben abonar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y no los clientes/prestatarios.

Sin embargo, 24h después de la publicación de esta sentencia, el propio TS anunció que procedería a la revisión de la misma, y ayer día 22, anunció que el día 5 de noviembre se reunirá el Pleno para debatir dicha revisión. De todas maneras, todo apunta que la sentencia anteriormente citada, que no se puede modificar, la declararán válida, única y exclusivamente para el caso concreto sobre el que se dictó.

Debemos por tanto estar a la espera sobre la decisión del Pleno del TS acerca de la interpretación de la repetida sentencia y sobre todo, si podrá o no ser de aplicación a otros casos similares, anteriores y posteriores. Es decir, si dicha sentencia acabará creando o no jurisprudencia.

Dpto. de Procesal Civil

CONFIRMACIÓN SENTENCIA CALUMNIA

Abocam Abogados ha obtenido sentencia de la Sección 22ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 21.09.2018, que confirma la sentencia por la que se condenó a la acusada como autora responsable de un delito de calumnia a la pena de 6 meses de multa con cuota diaria de 6€, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, al pago de las costas procesales, y a que indemnice a nuestra clienta por los daños morales sufridos en la cantidad de 5.000€.

Al contrario de lo alegado por la apelante en el escrito de recurso, en su sentencia la Audiencia afirma la suficiencia de los medios de prueba practicados en el juicio oral, niega haberse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, y establece que el quantum indemnizatorio no puede ser modificado, porque no existe motivo que lo justifique dada cuenta de que la acusada comprometió el empleo de la víctima, su futuro profesional y su imagen al enviar un correo-e al lugar de trabajo de la última, atribuyéndole la comisión de delitos de apropiación de bienes de la empresa.

Área de Derecho de Penal

Colaboración con el colectivo LGTBI

Nos complace informarles que Abocam Abogados ha firmado un convenio de colaboración con el colectivo LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales), a través de su directorio Loottis, ampliando sus servicios especializados en Derecho de Familia a las diversas modalidades de convivencia familiar que requieran de asesoramiento especializado.

Área de Comunicación corporativa y expansión

Debemos proteger nuestra información digital siempre y en una ruptura sentimental más

No somos conscientes de la cantidad de información que nuestra pareja conoce, y que en muchas ocasiones compartimos con ella sin pensar en el futuro, cegados por el amor.

En una ruptura sentimental hay muchos efectos que deben regularse según el Codi Civil pero hay otros que no se estipulan, sin ser conscientes que deben protegerse, como nuestros datos de cualquier dispositivo: wi-fi, tablet, móvil, smartphone, redes sociales…

En el momento de la desavenencia las personas somos capaces de cualquier cosa, llegando a límites inverosímiles, que ahora ya si son delito. Si buscamos en internet espiar móvil, los resultados son: “programas gratis de espionaje”, “como espiar a mi esposa sin que lo sepa”, y similares.

Estas actitudes están siendo penadas por los Juzgados en nuestro país, y la excusa de que la contraseña se había facilitado voluntariamente no exime de responsabilidad al autor del delito, que curiosamente mayoritariamente son hombres.

La primera Sentencia que comportaba delito de prisión fue en el año 2015 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Girona, con pena de prisión de dos años y medio de cárcel, multa de 6€ diarios por 19 meses. En este caso el marido había obtenido información (fotos) del teléfono de su aún esposa, que acreditaban que mantenía una relación extramatrimonial. Dicha prueba fue aportada en el proceso de divorcio. La pena tuvo el agravante por ser familia en el momento de cometer el delito. Y no fue a mayores por no haber difundido las imágenes más allá del proceso judicial.

Por tanto, el espionaje del móvil con programas, con geo localizadores, duplicando la tarjeta sim, con el GPS del coche, a través de la contraseña de la wi-fi de la que fue casa conyugal, ya no digo de la banca online, se castiga con pena de prisión. Como un delito contra la intimidad, basado en el derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones y a preservar la intimidad personal. La pena impuesta como consecuencia de esta conducta puede oscilar entre uno y cuatro años de prisión. Y la cosa no queda ahí. Al espiar un teléfono móvil ajeno pueden cometerse, además, otros delitos simultáneamente; por ejemplo, contra la integridad, contra la imagen o suplantación de identidad.

En conclusión, en los momentos de discordias sentimentales debemos proteger nuestros intereses, incluso en la Red.

Área de Derecho de Familia