La responsabilidad en materia de asistencia sanitaria pública es aquella derivada del funcionamiento normal o anormal de la sanidad pública. En el momento en que nos encontramos, sin perjuicio de que es una situación nueva y desconocida, sin precedentes, debemos detenernos a pensar si el Estado ha protegido adecuadamente a sus ciudadanos, y si ha adoptado en tiempo y forma todas las precauciones necesarias para prevenir y dotar de medios a la sanidad pública para paliar el contagio masivo de los ciudadanos.
La responsabilidad civil, administrativa o penal, en cada caso puede y debe valorarse por las acciones u omisiones de la actividad o conductas o por la inactividad causante del resultado daños o cuando existía deber de actuar (omisión), siendo el nexo causal entre el resultado dañoso y la antijuricidad de la conducta.
El Estado Español, en este caso, debe responder frente al daño causado a sus ciudadanos, por omisión, desde que la OMS lanzó el aviso de posible pandemia el 30 de enero de 2020 y que se debían adoptar medidas que no se adoptaron.
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