Las situaciones de riesgo y desamparo de los menores

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), supuso un gran paso hacia delante en la detección precoz de las situaciones de riesgo y desamparo a las que puede estar sometido, desgraciadamente, un menor.

Por ello, se añadió un catálogo de indicadores en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor (LOPJM), que ayudan a valorar la existencia de una situación de riesgo e indirectamente, de una situación de desamparo.

Las situaciones de riesgo se caracterizan por estar provocadas por particularidades personales del menor o por influjos de su entorno en los que se ve mermado su desarrollo personal, sin embargo, no alcanzan la entidad, rango o persistencia en el tiempo para ser declarada una situación de desamparo.

Destacan de este novedoso listado:

  • La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de los progenitores
  • La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de seguimiento médico por parte de los progenitores
  • El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas
  • Las prácticas discriminatorias que conlleven un perjuicio para su bienestar

Por otro lado, el Código Civil define las situaciones de desamparo como “la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.”

Las diferencias básicas se pueden seccionar en dos, siendo la primera de ellas, la mayor magnitud de las situaciones de desamparo, en contraposición con las situaciones más leves que se dan en el riesgo. La segunda desemejanza radica en la gravedad de las situaciones de desamparo, pues la declaración de la misma comporta la supresión de la patria potestad o de la tutela, si la hubiere, pasando a adquirirla automáticamente la Entidad Pública competente.

Área de Derecho de Familia

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