Apartamentos turísticos. Licencia

Sentencia nº 148/2016 de 27 de abril de Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Valencia:

APARTAMENTOS TURÍSTICOS. LEGISLACIÓN APLICABLE. La sentencia considera que los apartamentos turísticos deben diferenciarse de la actividad hotelera e incide en que, para el ejercicio de la actividad hotelera se exige que cuente con licencia, certificado o autorización exigida por otros departamentos o administraciones públicas, mientras que en el caso de las viviendas turísticas, sólo se exige una comunicación previa mediante declaración responsable al servicio territorial de turismo, y en su caso deberá acompañarse licencia de primera ocupación de viviendas. Se estima el recurso contencioso administrativo.

Dicho esto vamos a pasar a estudiar la normativa autonómica que regula las viviendas turísticas, el mentado Decreto 92/2009 y las diferencias existentes con los establecimientos hoteleros regulados en el Decreto 75/2009. Pues bien, lo primero que llama la atención es que para estos últimos el artículo 16, a diferencia del artículo 18 del Decreto 92/2009, exige para el ejercicio de dicha actividad que se cuente con licencia, certificado o autorización exigida por otros departamentos o administraciones públicas, mientras que en el caso de las viviendas turísticas, aquella norma sólo exige una comunicación previa mediante declaración responsable al servicio territorial de turismo, y en su caso deberá acompañarse licencia de primera ocupación de viviendas, siendo clarísima la distinta regulación de una y otra. Por otra parte no podemos equiparar el alquiler de una vivienda turística, que no es más que una cesión de uso a titulo oneroso, realizado con habitualidad y con fines turísticos, vacacionales o de ocio, con la actividad hotelera, pues en las primeras se tilda de habitual por el mero hecho de darle publicidad, entre otras vías, por internet, no siendo consustancial a las mismas la prestación de servicios propios de la industria hotelera (artículo 2 del Decreto 92/2009). Todo lo dicho, y en clara armonía con la necesaria tendencia a simplificar los trámites administrativos y del principio de la ventanilla única, no existiendo en la normativa propia de las viviendas turísticas la exigencia de presentar comunicación ambiental, y sí declaración responsable al servicio territorial de turismo, procede decretar la nulidad de los actos impugnados.

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