El pasado 31 de enero se publicó la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022. En el mismo se hace expresa mención a las monedas virtuales y criptoactivos debido al incremento exponencial de la inversión en este tipo de activos.
Entre las actuaciones anunciadas en la Resolución destaca que, durante el año 2022, se producirá un desarrollo normativo y se elaborarán modelos de declaración para dar cumplimiento a las obligaciones de información que la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, establece para los titulares de monedas virtuales situadas en el extranjero y para proveedores de servicios. Asimismo, se establece que la primera obligación de información sobre estos activos virtuales estará disponible en 2023 respecto del ejercicio 2022.
Por otro lado, se potenciarán las herramientas informáticas necesarias para facilitar las actuaciones de control de las transacciones con monedas virtuales y se fortalecerá la cooperación internacional mediante la participación en foros internacionales con el objeto de obtener información sobre operaciones realizadas con estos activos y formando parte activa en los grupos de trabajo ya existentes en cuanto a la regulación de futuros intercambios de información en esta materia.
En definitiva, con esta Resolución queda patente la decisión del Gobierno de anticiparse a cualquier tipo de normativa similar a nivel europeo, asumiendo de este modo el riesgo de regular obligaciones de información de unos activos sobre los que no existe, actualmente, una regulación o definición jurídica en nuestra normativa interna.
Área de Derecho Administrativo
