1. El Constitucional ha anulado los preceptos de la ley catalana de vivienda que permitían la fijación de límites al precio de los alquileres por considerar que la norma catalana invade las competencias del Estado en materia civil para regular las bases contractuales. El artículo 149 de la Constitución reserva al Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales, le atribuye la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia.
La sentencia no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas, según especifica la nota del Tribunal Constitucional. Los contratos vigentes firmados con la ley ahora parcialmente anulada seguirán vigentes en los mismos términos y “los efectos serán pro futuro”. “Los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al momento de la presente resolución se mantienen en sus términos”, detalla.
2. El Tribunal Supremo avala el uso de criterios de adjudicación basados en el principio de proximidad para contratos de gestión de residuos (STS 1447/2021 de 23 de noviembre).
3. Doctrina Saquetti: Sentencia del TEDH de 30 de junio de 2020 nº 50.514/13, por la cual, se prevé el derecho a una doble segunda instancia de toda persona declarada culpable de una infracción penal, doctrina ratificada por el TS, posibilitando la revisión de sentencia confirmatoria de una sanción de naturaleza penal mediante el recurso de casación, por interés casacional, pudiendo de esa manera, salvar la única instancia acordada por el legislador.
4. Capital Riesgo: Real Decreto Ley 24/2021, de 3 de noviembre de transposición de la Directiva (UE) 2019/2162 relativa a la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva. Esta normativa modifica le legislación reguladora de las instituciones de inversión colectiva (ECR), introduciendo el concepto de la precomercialización referido a determinados vehículos de inversión (suministro de información o la comunicación directa o indirecta sobre estrategias de inversión o ideas de inversión por parte de sociedades gestoras a fin de comprobar el interés por una ECR, EICC o compartimento, pudiéndose delegar actividades de comercialización en terceros regulados sin necesidad de inscripción CNMV.
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