Autor: abocamabogados

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en reciente Sentencia, ha declarado la nulidad del contrato bancario de tarjeta de crédito por aplicación de la llamada Ley de Usura (1908) que así lo establece para los casos en que el interés remuneratorio a favor de la entidad bancaria es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso; y ello aun cuando el contrato cumpliera con el deber de claridad y transparencia y la parte deudora tuviera toda la información necesaria con carácter previo a la firma.

El Tribunal no declara la nulidad, por abusiva, de una concreta cláusula del contrato, sino la nulidad de todo el contrato.

Área de Procesal Civil

Abocam Abogados ha obtenido una sentencia favorable para los intereses de nuestro Cliente, al fallar, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 14 de Barcelona, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución del Incasol, que sancionó al Cliente con la cantidad de 4.921€ por intereses y recargo al depositar una fianza fuera de plazo.

Al tratarse de un contrato sujeto a condición suspensiva de eficacia, entiende la sentencia que no procedía el ingreso de la fianza hasta el inicio de los efectos de la relación contractual, calificando el documento firmado de pre-contrato o de promesa de contrato, iniciándose el plazo de ingreso de la fianza cuando se entrega la posesión de la finca, por lo que revoca la mencionada resolución y anula la misma, ordenando la devolución de las cantidades pagadas e imponiendo las costas a la Administración condenada.

Área de Derecho Público

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), supuso un gran paso hacia delante en la detección precoz de las situaciones de riesgo y desamparo a las que puede estar sometido, desgraciadamente, un menor.

Por ello, se añadió un catálogo de indicadores en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor (LOPJM), que ayudan a valorar la existencia de una situación de riesgo e indirectamente, de una situación de desamparo.

Las situaciones de riesgo se caracterizan por estar provocadas por particularidades personales del menor o por influjos de su entorno en los que se ve mermado su desarrollo personal, sin embargo, no alcanzan la entidad, rango o persistencia en el tiempo para ser declarada una situación de desamparo.

Destacan de este novedoso listado:

• La falta de atención física o psíquica del niño, niña o adolescente por parte de los progenitores
• La negligencia en el cuidado de las personas menores de edad y la falta de seguimiento médico por parte de los progenitores
• El consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas
• Las prácticas discriminatorias que conlleven un perjuicio para su bienestar

Por otro lado, el Código Civil define las situaciones de desamparo como “la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.”

Las diferencias básicas se pueden seccionar en dos, siendo la primera de ellas, la mayor magnitud de las situaciones de desamparo, en contraposición con las situaciones más leves que se dan en el riesgo. La segunda desemejanza radica en la gravedad de las situaciones de desamparo, pues la declaración de la misma comporta la supresión de la patria potestad o de la tutela, si la hubiere, pasando a adquirirla automáticamente la Entidad Pública competente.

Área de Derecho de Familia

L’equip d’Abocam us desitja un Bon Nadal i un 2023 màgic! / El equipo de Abocam os desea una Feliz Navidad y un 2023 mágico!

Área de Comunicación Corporativa

Un Juzgado de 1ª Instancia de la localidad de Alcobendas (Madrid) ha condenado a una sociedad operadora de servicios de telefonía, a indemnizar a un cliente en la cantidad de 16.000,00€ por negligencia al permitir, o no controlar, la contratación de cuatro líneas de teléfono por parte de terceras personas que suplantaron la personalidad del titular de la línea.

La Sentencia considera que la actuación pasiva y negligente de la compañía operadora generó un daño moral consistente en la angustia e impotencia sufrida por el cliente. Considera la Sentencia que la operadora incumplió con su obligación de comprobar la identidad real del contratante permitiendo, de este modo, que terceras personas “contrataran” líneas telefónicas a nombre de la cliente de la operadora.

La Sentencia admite que la cliente sufrió una situación de ansiedad, angustia e inquietud y por tales hechos da lugar a una indemnización de 16.000,00€.

Área de Derecho Procesal Civil

Abocam Abogados ha obtenido una sentencia estimatoria para los intereses de su Cliente en el Recurso de Apelación seguido a instancias del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, por la que el TSJC, Sección Quinta, Sentencia 3670/2022, ha desestimado el recurso interpuesto por el CPNSC y le ha impuesto las costas del procedimiento, al entender que nuestro Cliente ha cumplido con el contrato de adjudicación del Proyecto de Saneamiento y recuperación de terrenos ocupados por actividades marginales en sector nororiental del PNSC-2016, y por tanto revoca la resolución del mismo instada por la Administración condenada, quedando las partes obligadas a su cumplimiento.

Área de Derecho Administrativo

Una reciente Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, remarca el derecho del comprador de un vehículo usado a su reparación en caso de avería, recayendo en el vendedor la carga de demostrar que la misma tiene un origen distinto del que resulte de la factura de reparación y que es imputable al comprador. El Tribunal estima que los bienes de segunda mano también están sujetos a un periodo de garantía que, en ningún caso, podrá ser inferior a un año. Asimismo, la Sentencia otorga al comprador la opción de solicitar la resolución del contrato (con devolución de la cantidad pagada, más gastos y daños y perjuicios demostrables) en aquellos casos en los que la reparación no se hubiera llevado a cabo en un tiempo razonable. Basa el Tribunal su decisión en la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Área de Procesal Civil